La alcaldesa de Altsasu, Garazi Urrestarazu (Bildu), urgió ayer al Gobierno navarro a que tome una determinación ya sobre el futuro de la planta de Sunsundegui, en Sakana, de la que dependen 500 empleos (250 de ellos, directos). La opción de compra que posee el Ejecutivo navarro sobre la planta caduca el próximo día 23 y UPN no ha dado pistas sobre cómo va a resolver la situación.

Urrestarazu compareció junto a los responsables de Bildu en la comisión de Industria, Fernando Ibiltzeta y Bikendi Barea. El mensaje es claro: Sakana no puede soportar otro golpe a su tejido industrial como el que supondría el cierre de Sunsundegui. En este sentido, criticaron que de entre la batería de recortes que ha lanzado el Gobierno de Yolanda Barcina, una de las consejerías más perjudicadas haya sido la de Industria y Empleo, que es la que debería de responsabilizarse de ejecutar la opción de compra sobre la planta altsasuarra. Aun así, defendieron que es necesario que se garantice la viabilidad con fondos públicos o mediante financiación privada, a través de un socio que garantice el trabajo.

La firma de un acuerdo por parte de ELA y UGT, en el que se despidió a una treintena de trabajadores y se recortan los derechos del resto, no ha tenido aún una respuesta clara por parte del Gobierno, a pesar de que fue el propio Ejecutivo navarro el que había exigido que se firmara dicho acuerdo. De hecho, el actual gerente de Sunsundegui fue designado por el Gobierno navarro, que dirige la fábrica desde hace años a través de la empresa pública Sodena. Este acuerdo se había presentado como imprescindible para que Sunsundegui continuara funcionando y las presiones fueron fuertes. El gerente llegó a amenazar a los trabajadores con no cobrar el sueldo si no se firmaba, alegando problemas de liquidez. Aun así, LAB (minoritario en la planta) se desmarcó de ese texto. El sindicato abertzale considera que, sin unas garantías reales de que la empresa tiene futuro, no merecía la pena asumir las restricciones. Alegan que el acuerdo conlleva que, si los 250 operarios van al paro en unos meses, tendrán derecho a menores prestaciones.

Que la situación de la planta es crítica es una realidad que todo el mundo asume. Según los datos que manejan los sindicatos, tiene una deuda de, al menos, 18 millones de euros. Por tanto, la decisión del Gobierno debe ser valiente si de verdad tiene intención de salvar esta empresa. Eso es justo lo que se le demandó ayer. La alcaldesa de Altsasu reconoció que, desde que se avivó el conflicto laboral, no han tenido noticias desde Diputación. Urrestarazu aseguró que han intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con el Gobierno, pero no ha habido respuesta. Bildu señaló, además, que ya se han dejado caer otras empresas fuertes de la comarca en los últimos años, por lo que el daño amenaza con convertirse en «estructural».