El representante de la Naviera Ybarra admitió en el juicio que se desarrolló ayer en los juzgados de Lo Social de Bilbo que no protegió a los trabajadores frente al riesgo del amianto, porque no había una legislación específica para ello. Un testigo confirmó que trabajaban en contacto con el amianto cuando acudían a hacer reparaciones a los barcos de la empresa en alta mar.

Diferentes sentencias, incluso del Tribunal Supremo, confirman que desde los años cuarenta del siglo pasado se exigían controles directos y medidas de seguridad. Ese hecho provocó que el ex trabajador Rafael Tamayo Negrete contrajera un mesotelioma, un tipo de cáncer ligado de forma directa al contacto con el amianto en su actividad de ajustador. Falleció en marzo del año pasado a los 65 años, después de una baja por incapacidad absoluta derivada de la enfermedad.

El abogado de la viuda y las dos hijas reclamó una indemnización total de 522.332 euros, aunque ambas partes estuvieron muy cerca de firmar un acuerdo por 150.000 euros. No se logró porque la empresa pretendía pagarlo en un plazo de diez años. Ayer, el abogado de Ybarra y Cía admitió como válida esa cantidad, aunque la defensa del ex trabajador mantuvo la propuesta de más de medio millón por el fallecimiento del trabajador sin que se aplicaran las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

En el juicio llamó la atención la preocupación de la jueza por la pensión de viudedad. Según explicó Maria Luisa Urioste, viuda de Rafael Tamayo, percibe al mes una cantidad 666,80 euros y no cuenta con ayuda alguna complementaria de las administraciones públicas.

El fallecido pertenecía a la sección de mantenimiento de la Naviera Ybarra, que entonces contaba con alrededor de 15 buques mercantes y la planta de la empresa se encontraba «justo donde está ubicado el Museo Guggenheim», dijo su viuda. En la vista quedó claro que la dirección de la naviera no protegió a los trabajadores del amianto y, aunque el abogado de la empresa destacó que la exposición pudo ser circustancial, un testigo relató que cuando entraban a un barco a hacer reparaciones «nadie nos informó del peligro que suponía el amianto. No nos daban mascarillas adecuadas para evitar respirar las fibras y el polvo que se desprendía cuando manipulábamos amianto, ni había un sistema de recogida del polvo». También quedó claro que «la ropa, mientras estábamos en el barco, la lavábamos en las lavadoras» de la propia nave y «tampoco nos hicieron exámenes médicos específicos por el uso del amianto. Eran los habituales».

Un testigo que presentó la defensa de la naviera aseguró que los restos del amianto que se desprendían se recogían y se entregaban en el atraque a puerto. Sin embargo, los trabajadores admitieron que el amianto que se desprendía se reponía.