Colectivos sociales de Bizkaia se concentraron ayer ante la sede del Gobierno de Lakua en Bilbo para rechazar la nueva legislación sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que se tramitará hoy en la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad en el Parlamento de Gasteiz. La protesta coincidió con la conmemoración del Día Internacional contra la Pobreza.

Patxi de la Fuente y Borja Agirre, portavoces de los colectivos sociales de Bizkaia, explicaron a las puertas de la sede gubernamental que «la aprobación de esta nueva legislación en la comisión parlamentaria, con los votos del PSE y PP, supondrá endurecer los requisitos de acceso a la prestación social».

Tres son los motivos que denunciaron los colectivos sociales. El primero supone incrementar «de uno a tres años la obligatoriedad de estar empadronado en la CAV». A quienes no cubren ese plazo, se les obligará «a garantizar cinco años de trabajo remunerado, mediante la vida laboral. Es un requisito imposible para las personas en situación irregular, pero también para muchos jóvenes», denunciaron. De la Fuente y Agirre también sostienen que esta legislación «supone una coacción, ya que obliga a la aceptación de empleos precarios, de escasa cualificación y bajos salarios, porque se retirará la prestación a las personas que rechacen una oferta de trabajo». Hasta la fecha había hasta tres posibilidades antes de perder la prestación económica.

En tercer lugar, los portavoces de los colectivos sociales recordaron que «se impone la obligatoriedad de realizar labores de carácter social, parecido a la añeja prestación social sustitutoria que debían de realizar los objetores de conciencia cuando rechazaban ir al servicio militar obligatorio, lo que, en definitiva, supondrá la eliminación de puestos de trabajo en los servicios públicos».

Ayudas económicas

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, justificó el pasado viernes en el Parlamento de Gasteiz que se obstaculice el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos -antigua Renta Básica- a algunos demandantes, dado que a su juicio el sistema de protección social de la CAV se encuentra «en quiebra», porque destinar 400 millones para hacer frente a 55.000 perceptores es «insostenible en el tiempo».

En realidad, esa cantidad económica representa el 3,8% del total del presupuesto del Gobierno de Patxi López y, por otro lado, a los empresarios se les perdonan impuestos por encima de esa cantidad que ayuda a quienes se encuentran en la pobreza o la exclusión social.

Patxi de la Fuente criticó los argumentos que esgrime Zabaleta para restringir el acceso de las personas a esas ayudas. «Con ese razonamiento lo que ellos proponen es un sistema de diferenciación de gente que puede y gente que no puede entrar en el sistema. Eso no puede ser así, porque crea mayor arbitrariedad y diferenciación», explicó.

De la Fuente añadió que con esta nueva normativa se va a «excluir arbitrariamente a la gente» de estas ayudas y puso como ejemplos a «personas extranjeras, o que no hayan cotizado, mujeres que hayan estado trabajando en su casa y no tengan cinco años de cotización». Subrayó que las personas que no estén empadronadas «van a estar excluidas o tendrán unos derechos diferentes. Es una discriminación intolerable».

Y fue más claro con otro ejemplo nada descabellado hoy en día. «Una mujer que pierde el empadronamiento con hijos menores no podrá cobrar la prestación. Porque se pone el acento en el empadronamiento, y en este momento es fácil perder una vivienda, como lo indican los datos crecientes sobre desahucios». A esa mujer, «la única protección que se le ofrece es que se quede en la calle para que la Diputación le quite los menores y a esa persona se le pueda dar una plaza en un dormitorio social. Entonces, mucho mejor sería mantener las prestaciones, desde luego».