La viceconsejera de Política Lingüística del Departamento de Cultura de Lakua, Lurdes Auzmendi, señaló ayer que las quejas en Elebide -Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos- aumentaron en 2010 un 23 % respecto a 2009, y añadió que el 98,6% de las reclamaciones corresponden al euskara, con 254 quejas, y el 1,4 % al castellano, con 7.

A pesar del incremento, Auzmendi consideró que «ese dato indica que, gracias a Elebide y a otros organismos, los ciudadanos vascos conocen mejor cuáles son sus derechos lingüísticos», y añadió que «es una satisfacción observar que las campañas promovidas por la Viceconsejería han resultado todo un éxito».

También se refirió a la normalización del euskara, un proceso que, a su juicio, sigue su curso «paso a paso» y que no tiene marcha atrás. «El acuerdo político y social obtenido en Euskadi en favor del idioma natural se encuentra en plena forma, y las instituciones también han sido responsables de ese éxito», opinó.

En último lugar, destacó que «el objetivo principal» de Lakua, a través del servicio de Elebide, «es conseguir un equilibrio entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

Conculcación en la Cámara

Mientras Auzmendi realizaba estas afirmaciones, Mikel Basabe (Aralar) abandonó la sesión parlamentaria de ayer después de que la presidenta de la comisión de Interior, Joana Madrigal (PSE), le denegara el derecho a comparecer en euskara.

Sucedió a raíz de que el Fiscal General del TSJPV, Juan Calparsoro, enviara la memoria de 2010 únicamente en castellano, por lo que el grupo parlamentario de Aralar solicitó retrasar su presentación «hasta tener el documento en las dos lenguas oficiales». Pero Madrigal se negó a retrasarlo.

Aralar recordó que el reglamento del Parlamento de Gasteiz, en su segundo artículo, reconoce el derecho a los parlamentarios «a hacer uso indistinto de ambos idiomas oficiales tanto en sus relaciones con el Parlamento, como en sus funciones».