Las empresas, fundaciones u organismos públicos que contraten a becarios para hacer prácticas formativas que conlleven una contraprestación económica deberán cotizar por ellos a partir del 1 de noviembre, según aprobó ayer el Consejo español de Ministros. Según fuentes de la Seguridad Social, 30.000 personas se verán beneficiadas por la medida. Los empleadores tendrán que cotizar unos 40 euros al mes por trabajador.