El Estado francés reaccionó ayer a la declaración de la organización armada vasca con un escueto comunicado -apenas diez líneas- emitido por el Elíseo, en el que remarcó su total apoyo a las autoridades españolas «en la lucha contra el terrorismo», al tiempo que señalaba que «el presidente de la República (....) toma nota de la decisión anunciada ayer [jueves] por ETA de renunciar definitivamente a toda acción armada».

Nicolas Sarkozy envió sus «felicitaciones» al presidente del Gobierno español y también «a las autoridades, fuerzas políticas y el pueblo españoles por esta victoria de la democracia sobre la violencia». Siguiendo el mismo guión utilizado el día anterior por José Luis Rodríguez Zapatero, añadió su «homenaje a las numerosas víctimas» de ETA. En el último párrafo el presidente francés reiteró que «Francia continuará aportando su apoyo incondicional a España en sus esfuerzos por asegurar una paz definitiva en el País Vasco».

En la intervención institucional que realizó en La Moncloa una hora después de que se hiciera público el anuncio de ETA, Zapatero había hecho especial énfasis en destacar que «la amistad con España del presidente Sarkozy ha sido determinante, y desde aquí -añadió- le transmito todo mi reconocimiento». «[Este final] ha sido posible también gracias a la colaboración de Francia y sus autoridades, con quienes hemos contraído una perpetua deuda de gratitud y solidaridad», señaló Zapatero.

Sin acuse de recibo

Destaca el hecho de que el presidente francés haya mantenido el habitual discurso con el que París pretende dar a entender que la gestión del conflicto es «un asunto español», pese a la relevante presencia del ex ministro de Interior Pierre Joxe entre los firmantes de la Declaración de Aiete o la no menos importante delegación de políticos de Ipar Euskal Herria que militan en las filas de su partido, la UMP, en las del PS o en las del Modem que se desplazaron el lunes a Donostia.

Esa Declaración fue suscrita también por Kofi Annan, Gerry Adams, Bertie Ahern, Gro Harlem Bruntland y Jonathan Powell, a quienes se han sumado Tony Blair, Jimmy Carter y el senador de EEUU George Mitchell. Y en ella, además de pedir a ETA el cese definitivo de su actividad armada -a lo que ésta ya ha respondido positivamente-, en el segundo punto se insta «a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y a aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto».

Como Zapatero, Sarkozy no ha dado acuse de recibo a esa propuesta, que también fue recogida por ETA en su anuncio del jueves, en el que se dirigió a ambos gobiernos para «abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada».

Madrid, en funciones

Rodríguez Zapatero ya confirmó en su intervención del jueves que el suyo es un gobierno en funciones, del que no se debe esperar ningún movimiento especial antes de las elecciones del 20N. «Al Gobierno y al Parlamento que resulten de las próximas elecciones generales les corresponderá conducir esta nueva etapa», precisó.

Tras el Consejo de Ministros de ayer, José Blanco abundó en esa tesis. Como recogía Europa Press, pese a que casi todas las preguntas de los periodistas versaron sobre los pasos que tendría previsto dar el Ejecutivo tras el comunicado de ETA, el ministro portavoz no se salió del guión y, una y otra vez, insistió en que deben ser el próximo Gobierno y las nuevas Cortes quienes gestionen «esta nueva etapa».

Descartó que Zapatero vaya a abrir una ronda de partidos, aunque dijo que sí respalda la que ha lanzado Patxi López para sumar en la misma dirección «a todas las fuerzas democráticas del País Vasco». Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo del PSOE haga «algún gesto» respecto a los presos políticos vascos, se limitó a contestar que ahora «no toca hablar de eso». Y cuestionado sobre si la declaración de ETA puede influir en una eventual impugnación de las candidaturas presentadas por Amaiur para las elecciones generales o si el Ejecutivo considera que el vigente «Pacto Antiterrorista» servirá para afrontar la nueva etapa o será necesario sellar un nuevo acuerdo, se fue por la tangente al afirmar que «ésas son preguntas que no tienen respuesta».

Aun y todo, Blanco afirmó que el Gobierno de Zapatero garantiza que «el Estado de Derecho va a seguir funcionando» y que «se va a ir gobernando».

«A flor de piel»

Mientras tanto, las víctimas de ETA siguen centrando gran parte de la atención mediática en el Estado español, ya sea por las declaraciones de portavoces de las asociaciones más alineadas hasta ahora con el PP -que en algunos casos llegan a restar cualquier valor a la declaración de ETA-, por los testimonios personales que se difunden a través de la prensa o por la insistente referencia que hacen a ellas representantes políticos e institucionales.

Ejemplo de esto último son las palabras del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quien, en la propia sede del tribunal especial, citó al poeta francés Paul Éluard para expresar su cariño a las víctimas de la lucha armada de ETA, de quienes dijo que no se las puede olvidar «ni hoy ni nunca».

Por su parte, la familia del ex ministro Ernest Lluch, muerto en atentado de ETA en el año 2000, instó ayer a las víctimas a no intervenir en el proceso de paz, al considerar que no son objetivas, y a las administraciones, a acercar los presos a Euskal Herria.

La hija del dirigente del PSC Eulàlia Lluch opinó, en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por la agencia Efe, que la nueva etapa que se abre se ha de hacer con «mucha calma y tranquilidad», y comentó que hay que dejar este proceso en las manos de «la gente que es profesional en resolver temas de esta índole».

«Las víctimas no somos objetivas. Se nos ha de tener en cuenta en el momento en que se tiene que reconocer que hay unas víctimas, pero nosotros no podemos intervenir en este proceso», explicó.

Enric Lluch, sobrino del dirigente político y vicepresidente de la Fundación Ernest Lluch, también comentó que, tras el comunicado de ETA, «el acercamiento de los presos al País Vasco desde el punto de vista legal es impecable y se ha de pedir una cierta generosidad de las personas». Ante los micrófonos de ComRadio insistió en que las víctimas no pueden influir en el proceso porque tienen todo esto «muy a flor de piel».