Este viernes Margarita Carreras se acercó a Gasteiz para participar en la jornada «La prostitución a debate». Una cita organizada por el sindicato ESK y la Comisión Anti-Sida de Araba donde pudo exponer su punto de vista en tono a las nuevas normativas vinculadas al mundo de la prostitución. Unas leyes «hipócritas» que castigan a las trabajadoras del sexo que ofrecen sus servicios en el barrio chino de Barcelona. GARA pudo entrevistarla antes de que impartiera su charla.

Carreras no esconde su enfado por las leyes impuestas desde el Ayuntamiento de Barcelona. Entiende que la ordenanza, que castiga con multas de 750 euros la oferta de servicios sexuales en la calle es «incívica, porque no respeta los derechos fundamentales de las personas». Tal como explica, esa medida adoptada en la capital catalana penaliza «demandar u ofrecer servicios sexuales retribuidos». «O sea, que si lo haces gratis no te van a multar», ironiza.

Para esta socia de la plataforma Genera -organización sin fines lucrativos que busca la redefinición de los roles sociales y reivindica los derechos de las mujeres partiendo del ámbito del trabajo sexual- y portavoz de las trabajadoras y los trabajadores sexuales del Raval, ese tipo de medidas, similar a la Ordenanza del Espacio Público decretada por Iñaki Azkuna en Bilbo, no son más que el reflejo de una actitud «hipócrita».

Recuerda que los portavoces municipales redactaron la ordenanza sin pensar en las trabajadoras sexuales del centro de Barcelona. Por ello, incide en que los regidores de la ciudad redactaron la norma «sólo para prohibir, para cobrar multas» a las mujeres congregadas en las aceras de las calles que separan la zona más turística de la ciudad de la Rambla del Raval.

Fuera de Catalunya, Carreras afirma que el mundo de la prostitución es «muy diverso y cuenta con muchísimos matices», y sostiene que la promulgación de leyes se debe realizar siempre contando con los agentes afectados por la misma, algo que las distintas instituciones «no han hecho hasta ahora».

Comenta también que, durante los últimos años, las trabajadoras del sexo han logrado un avance desde el punto de vista normativo en el Estado español: cotizar a la Seguridad Social. «Gracias al nuevo Estatuto de los Trabajadores Autónomos del año 2007, tenemos la opción de darnos de alta en la Seguridad Social bajo el epígrafe de `Servicios personales'». Este epígrafe responde a la definición de prostitución que avalar Margarita Carreras, que defiende que su trabajo «no es un delito ni una infracción». «Es una relación de dos personas mayores que llegan a un pacto de comportamiento por dinero o conveniencia», puntualiza.

De cara al futuro e incidiendo en el tema que le ha traído a Euskal Herria, rechaza la idea de promulgar una ley para legislar la prostitución. Ella prefiere una regulación, «un manual de comportamiento que recoja a los clientes y a los clubs o casas».

Precisamente, al referirse a los clubs, muestra un evidente enfado ya que, según denuncia, los locales de alterne «tienen las de ganar», porque en ellos las trabajadoras «no tiene ni voz ni voto». «Por ejemplo, si en Barcelona vas a trabajar a un club, tienes que pagar la noche, trabajes o no», explica. Por ello, prefiere la calle, un sitió más seguro en su opinión, ya que señala que si está en las calles del Raval y se siente amenazada puede correr, pero en la habitación de un club, «encerrada entre cuatro paredes», le pueden matar «y no se entera nadie».

En cuanto a la posibilidad de ser agredidas a las que se exponen las trabajadores del sexo, es clara y destaca que teme la violencia «por parte de la Guardia Urbana, de los Mossos d'Esquadra, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat. Pero no padezco violencia de género por parte de los clientes, porque de ésa me puedo defender; de la otra no».

La conversación continúa y llega a un tema polémico dentro del mundo de la prostitución: la trata de seres humanos. No obstante, Carreras matiza su relevancia dentro de este ámbito y, al mismo tiempo, critica las acciones desarrolladas por el Gobierno español en dicha materia. Según afirma, la trata de seres humanos no es un problema exclusivo de la prostitución, «porque ésta también se da en la fabricación de telas, de zapatos e, incluso en la hostelería, no única y exclusivamente en la prostitución.

Margarita destaca que durante el año 2011 el Estado español ha destinado 44 millones de euros para atender a 44 mujeres afectadas por la trata de seres humanos. «Si le hubieran dado un millón de euros a cada mujer que han tratado, sería un dinero bien empleado. Pero resulta que la mayor parte de ese dinero se la han llevado las asociaciones pro abolición de la prostitución». Una situación que indigna a mujeres que, como ella, viven de la prostitución.