Tiempos de zozobra en los que hay que afinar, más si cabe, dónde se mete cada euro de las arcas públicas. Hace unas semanas, el programa «Salvados», en La Sexta, emitía un programa titulado «Cuando éramos ricos». El presentador Jordi Evolé, más conocido como El Follonero, repasaba la ingente cantidad de millones gastados en el Estado español en grandes infraestructuras como aeropuertos, carreteras o vías de alta velocidad que languidecen por se escasa utilidad y se asemejan a ese polvoriento poblado de las vaqueradas en cuyas calles sólo se mueven unos resecos arbustos por obra y gracia del viento.

Euskal Herria no supone una excepción dentro de esa idea de que más infraestructuras, tanto en tamaño como en cantidad, equivalen a mayor progreso y más bienestar. El Tren de Alta Velocidad o la ampliación de aeropuertos como el de Hondarribia son temas que están sobre la mesa día sí y día también. Discernir dónde está la delgada línea entre la inversión, el gasto y el despilfarro se antoja imprescindible.

El pasado junio se anunciaba el cierre de la línea del AVE Toledo-Cuenca-Albacete. De los 2.190 viajeros potenciales al día, sólo tomaban el tren una decena de personas. El coste de mantenimiento rondaba los 18.000 euros por jornada, lo cual, multiplicado por sus menos de siete meses de vida, equivale a más de tres millones de dinero público arrojados por el desagüe.

Toma el dinero y vuela

El más reciente capítulo de esta debacle se vivió el pasado sábado, cuando despegó el último avión del aeropuerto de Ciudad Real. La compañía de bajo coste Vueling, la única que operaba con dos vuelos semanales a Barcelona y Palma de Mallorca, alegó la «baja rentabilidad» de estas líneas para cerrar la persiana. La decisión de Vueling coincide con la finalización del contrato publicitario que firmó con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el que ha recibido 2,36 millones de euros.

El aeropuerto de Ciudad Real, privado pero que ha recibido importantes inyecciones públicas, cuenta con una pista de 4.000 metros y una terminal de pasajeros de 28.000 metros cuadrados con capacidad para cinco millones de viajeros, más una zona de carga para mover hasta 90.000 toneladas anuales. Comenzó a funcionar en diciembre de 2008. En el año 2009 movió 53.557 pasajeros en 2010 la cifra fue de 33.520 viajeros y en los seis primeros meses de este año el número bajó hasta los 11.844 pasajeros.

La infraestructura cierra cuando se encuentra inmersa en un proceso concursal, después de que un juzgado de Ciudad Real ordenara suspender en sus funciones a su último Consejo de Administración. Sus trabajadores se encuentran afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) que se viene aplicando desde principios de este año. Según el último informe elaborado por los administradores concursales, el valor actual del aeropuerto rondaría los 700 millones de euros.

Ayer mismo, la actual alcaldesa de Ciudad Real apuntó que el cierre del aeropuerto «es la crónica de una muerte anunciada» porque desde el principio de esta infraestructura «se han tomado decisiones políticas erróneas y no se ha hecho un plan de viabilidad que le diera futuro».

Una pista sin aviones

Otra historia truculenta es la del aeropuerto de Castellón, inaugurado oficialmente el pasado marzo pero que aún no ha recibido siquiera su primer vuelo por carecer de los permisos necesarios. Aunque se halla a menos de una hora de los aeródromos de Valencia y Reus (Tarragona), su construcción fue defendida como imprescindible para la promoción turística de la provincia. En esta obra, cuyo máximo valedor ha sido el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra -actualmente imputado por varios delitos económicos-, se habrían invertido alrededor de 150 millones de euros.