Un intercambio de prisioneros puede constituir el principio de un proceso de reconciliación entre partes en conflicto, permitiendo vías para desarmarlo, o, por lo menos, transformarlo en una ruta hacia el mutuo reconocimiento. Esto no ha ocurrido con el intercambio del soldado israelí en manos del Hamas, Gilat Shalit, y más de un millar de presos palestinos, prisioneros en cárceles de Israel. Y no ha sido posible porque el sistema político israelí no tiene interés en finalizar el conflicto. Por eso, toma precauciones para que no haya cambios que desestabilicen el sistema parlamentario.

La supervivencia política del gobierno de Benjamin Netanyahu depende de dos partidos: Shas e Israel Beytenu, que tienen interés ideológico y pragmático en garantizar la continuidad de la colonización en Cisjordania. Al mismo tiempo, el discurso político gubernamental da prioridad a lo que las fuerzas de seguridad definen como «necesidades de seguridad nacional». No se puede olvidar que el principal interés del ejército es no reducir los presupuestos militares, tal y como propugnaban las recientes protestas sociales del verano.

Esta aritmética explica por qué en los últimos meses el gobierno Netanyahu ha llevado adelante una política que se podría calificar como contradictoria. Por una parte, Israel aceptó, con cambios mínimos, las condiciones impuestas por Hamas para llevar acabo un intercambio de prisioneros. Pero, por la otra, sus enviados en Naciones Unidas realizaron todas las maniobras posibles para que Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, no obtuviese ningún logro político en su estrategia para el establecimiento de un Estado palestino.

Esta política podría aparentar que Israel justifica la posición de Hamas, que defiende que únicamente la resistencia logrará consecuencias positivas para el pueblo palestino.

Sin embargo, desde la perspectiva israelí, la lógica es otra: el primer ministro puede asumir demandas que contradicen las doctrinas de seguridad nacional y puede someter a sus órdenes a las instituciones militares y los servicios de seguridad. Sin embargo, no está en condiciones de ceder ante realidades políticas que contengan el proyecto de colonización en Cisjordania. Si así lo hiciera perdería su mayoría parlamentaria. Consecuentemente, mientras Israel negociaba el intercambio, el comité regional de planificación urbana en Jerusalén aprobaba un plan para la construcción de una nueva colonia en Jerusalén Este, en Givat Hamatos.

Se trata de una colonia que se edificará sobre las tierras de la aldea palestina de Bet Safafa, entre las colonias de Gilo y Har Homa. En el lugar, actualmente ya hay un parque de caravanas que sirven como residencia a 180 inmigrantes etíopes. Para el futuro, Israel proyecta construir 4.000 unidades residenciales, de las cuales se ha aprobado ya la puesta en marcha de 2.610. Anteriormente, durante las negociaciones en Naciones Unidas, la ministra de cultura, Limor Livanat, inauguró un nuevo centro cultural en la colonia de Kiriat Arba, adyacente a la conflictiva ciudad de Hebrón. En ambos casos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se empeña en tranquilizar su coalición gubernamental garantizando la continuidad de los asentamientos.

Los servicios de seguridad hebreos se sometieron a las demandas del primer ministro y aceptaron el acuerdo de intercambio de prisioneros con Hamas, el mismo que habían rechazado anteriormente. Sin embargo, esto no implica un cambio de actitud. De hecho, fuentes militares hicieron público que, tras la liberación de los prisioneros palestinos, podrían volver a las políticas de ejecuciones sumarias, que habían abandonado parcialmente en 2007. No solo eso. Después de conocerse la noticia del intercambio, los diferentes cuerpos armados israelíes lanzaron una campaña propagandística filtrando datos confidenciales sobre los futuros liberados. Tres días antes del intercambio, los principales canales de televisión recibieron los vídeos del interrogatorio de Amna Muna, dirigente femenina del Fatah que fue deportada tras su liberación.

En estas imágenes, Muna aparecía comentando tranquilamente con un policía la operación que la llevo a la cárcel. En ningún momento recordaron los medios que la activista palestina no pudo encontrarse con su abogado durante toda su detención o las torturas de las que fue objeto. De este modo, tanto con Amna Muna como con otros prisioneros liberados, las fuerzas de seguridad israelíes están estableciendo las condiciones que avalen futuras operaciones de castigo contra la población palestina.

Esta actitud difiere radicalmente de las actitudes adoptadas por la opinión pública y los dirigentes palestinos. Hamas ve en el intercambio de prisioneros una oportunidad de establecer un diálogo con el gobierno israelí que le llevaría a mejorar las condiciones de vida en la Franja de Gaza. Mahmoud Abbas, por su parte, considera que el intercambio de prisioneros servirá de apoyo a su proyecto de establecer a través de instituciones internacionales un estado palestino en las fronteras de 1967.

La euforia por las liberaciones evidencia las contradicciones existentes en Israel. La aldea palestina de Mi'ilya, sobre cuyas tierras se construyo Mizpe Hila, el municipio donde reside la familia Shalit, se convirtió en el epicentro de la celebración. El Ayuntamiento inundó sus calles con carteles que daban la bienvenida a su vecino más añorado. Una situación que contrasta con la de los prisioneros palestinos con carné israelí. Ningún municipio judío celebró el retorno a casa de estos presos.