El derecho a un juez imparcial es uno de los derechos fundamentales reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por todas las constituciones de su órbita, entre ellas la española. La libertad de criterio en que estriba la independencia del juez no puede ser orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios. La imparcialidad ha de ser objetiva y subjetiva, teniendo esta última que ver con la posible relación de amistad, enemistad o intereses. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre el tema de las apariencias, debiendo abstenerse todo juez del que pueda temerse legítimamente una falta de imparcialidad, pues va en ello la confianza que los tribunales deben inspirar en una sociedad democrática.

Viene todo esto a cuenta de lo ocurrido anteayer, una vez más, en la Audiencia Nacional, en la que, según han recogido con profusión los medios de comunicación, pudo oírse a la Sra. magistrada que presidía la Sala referirse a los acusados como «estos cabrones», expresión que, obviamente, no denota una gran simpatía hacia las personas a las que se estaba juzgando. El caso es que llueve sobre mojado, pues ya el Tribunal Supremo anuló una sentencia anterior contra Arnaldo Otegi por expresiones vertidas durante el juicio por la misma magistrada. La sentencia le había condenado a dos años de prisión y al repetirse el juicio resultó absuelto. La misma juez fue recusada por Otegi en el proceso Bateragune, siendo desestimada la recusación y Otegi y varios de los juzgados fueron condenados a penas graves de diez y ocho años, según los casos. Durante la vista oral también hubo expresiones que denotaban falta de imparcialidad, tales como preguntar a una de las acusadas si un tiro en la nuca a seres inocentes es violencia política. En ocasiones anteriores algunos medios jalearon las intervenciones de la juez Murillo, pero ahora algunos ya empiezan a hablar de «ligereza verbal». De lo que no cabe duda es que, en estos casos, la apariencia de imparcialidad de que habla la jurisprudencia brilla por su ausencia.

De imparcialidad hablaban también los dirigentes de la OTAN cuando se inició la intervención bélica en Libia. El objetivo, decían, no era el petróleo, ni derrocar a Gadafi, sino proteger al pueblo de los desmanes del dictador. Tras meses y meses de continuos bombardeos y ante la manifiesta incapacidad de los sublevados de acabar con el líder libio, la aviación aliada ha bombardeado directamente el convoy en el que huía Gadafi con los suyos y lo ha entregado a quienes le violaron y asesinaron a los ojos de todo el mundo, para evitar que fuera juzgado, no fuera a ser que contase cosas inconvenientes. ¿Iniciará el Tribunal Penal Internacional, que ya había actuado contra Gadafi, alguna actuación para depurar las responsabilidades derivadas de estos lacerantes hechos? Al tiempo.