La defensa del trabajador Francisco González, que trabajó para la empresa Astilleros Balenciaga entre 1968 a 1973 como soldador y posteriormente prestó servicios para CAF entre 1982 a 2008 como soldador calderero en la sección de montaje, pidió una indemnización de 300.000 euros por la falta de prevención de riesgos debido a que sufre una asbestosis y un mesotelioma pleural.

En la vista en el Juzgado de Lo Social de Donostia, los abogados de las dos empresas se enzarzaron en si las enfermedades del trabajador fueron contraídas en una u otra empresa, aunque un testigo reconoció la existencia de amianto tanto en los astilleros como en CAF, condenada ya en varias ocasiones.

Dos lesiones

En julio de 2010 el trabajador Francisco González fue diagnosticado de asbestosis pulmonar y, mes y medio después, en setiembre del año pasado, le fue diagnosticado mesotelioma pleural.

En diciembre la Seguridad Social declaró al trabajador «afecto a una incapacidad permanente absoluta derivada de la enfermedad profesional», aunque en realidad son dos enfermedades profesionales.

En la vista judicial quedó corroborado que durante el tiempo en que permaneció prestando servicios en los Astilleros de Balenciaga «permaneció expuesto a amianto, ya que ese material era utilizado como material aislante en tubos de escape que debía retirarse en las operaciones de reparación». El amianto se utilizaba en el forrado de chimeneas y en el revestimiento de diferentes zonas del casco del buque, como reconoce un informe de Osalan en el que indica el trabajo que realizaba el afectado en el astillero guipuzcoano.

En CAF, el amianto era utilizado asimismo como material aislante en los tubos de escape y en otras conducciones. El defensor de la empresa expuso que el afectado no trabajó en las áreas donde más amianto y más afectados ha producido el mineral cancerígeno.

Pero sí estuvo en la zona donde se desamiantaban los «trenes 8.000, repletos de amianto». Según el abogado de la empresa de Beasain, esas labores las realizaba una subcontrata, sin embargo un testigo reconoció que «en ciertas zonas Francisco González y otros trabajadores tenían que retirar el amianto».

Lo que quedó claro en el juicio es que durante ambos periodos el trabajador permaneció expuesto al amianto sin que las dos empresas adoptasen ningún tipo de medidas de seguridad. No se entregaron mascarillas a los trabajadores, no existían sistemas de aspiración del polvo de amianto, no se realizaron reconocimientos médicos específicos ni se informó a los trabajadores del riesgo que conllevaba la exposición a amianto.

Eso generó que el trabajador haya contraído dos enfermedades profesionales derivadas del amianto.