Elkartzen, movimiento a favor de los derechos sociales, explicó ayer en Bilbo la necesidad de situar a Euskal Herria «por el camino hacia la senda de la transformación social» y reclamó fijar el Salario Mínimo Interprofesional «nunca por debajo del 50% PIB per cápita, lo que significaría un salario anual de 15.227 euros al año», prácticamente el doble que en la actualidad.

Elkartzen considera además que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no debería estar por debajo del umbral de la pobreza. Actualmente, este límite está situado en 952 euros mensuales pero Elkartzen, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales, demanda que sea el 37,5% del PIB per cápita, lo que significa pasar de 7.902 euros al año en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa o de 7.600 euros en Nafarroa -datos de este ejercicio- a 11.420 euros de media.

Este dato, por lo tanto, rechaza de forma directa la decisión de los gobiernos autonómicos de Iruñea y Gasteiz para sus presupuestos de 2012 de recortar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) poniendo como excusa la falta de ingresos económicos.

Menos pagos de las empresas

De hecho, según los datos aportados por Carlos Aguirre, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Gasteiz, para 2012 se ha recortado en un 7% el montante para atender la pobreza y la exclusión social, que en 2012 está presupuestado en conjunto en 344,3 millones, lo que supone el 3,5% del presupuesto total previsto para 2012.

Sin embargo, la cantidad que las haciendas han previsto condonar por bonificaciones y descuentos tributariosasciende a un total de 6.011,5 millones. Supone un 33,7% menos de teóricos ingresos teóricos.

Destacan los beneficios fiscales de 409 millones para quienes invierten en entidades de previsión social voluntaria y pensiones privadas o los 434,8 millones que se perdonarán en la CAV a los empresarios.

Ambas cantidades son superiores a lo que se dedica a otorgar una renta de garantía de ingresos a quienes se encuentran en la pobreza y la exclusión social, pero también al presupuesto de varios departamentos del propio Gobierno de Gasteiz.

«Todo por cambiar»

Patricia Muñoz y Aitor Balda, miembros de Elkartzen, recordaron ayer en Bilbo que «la realidad es terca y año tras año nos vemos obligados a repetir que la precariedad se instala en el ámbito laboral, con más de 187.372 personas en paro y más de 500.000 trabajadores percibiendo salarios inferiores al umbral de la pobreza».

Los dos representantes del movimiento social recordaron que «la precariedad va más allá de lo laboral» y «se extiende a todos los aspectos de las condiciones vitales de los sectores populares, por lo que hablamos -dijo Patricia Muñoz- de precarización social, ya que miles de personas sin trabajo remunerado, como los parados, pensionistas, viudas, perceptores, suman 900.000 personas que se ven condenadas a vivir con unos ingresos inferiores al umbral de la pobreza».

Elkartzen ha renovado este indicador en este informe en base a la rebaja del PIB vasco y lo sitúa en 952 euros al mes.

Aitor Balda añadió, en este caso, que el encarecimiento de los costes de los servicios esenciales como el agua, la energía eléctrica o el transporte perjudican a las rentas mínimas y remarcó que «el uso y disfrute de una vivienda se ha convertido en un elemento de chantaje, con siete desahucios diarios, pero que con los cambios de la ley que se están produciendo dejan desprotegidos de una manera premeditada a quienes más necesidades tienen. Es una vulneración de derechos sociales muy grave», denunció.

Indicó que «todos estos factores hacen que cada vez sean más los sectores sociales que se encuentran en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el peso de un endeudamiento casi vitalicio, y sin medios para poder llevar a cabo una vida digna. Es este chantaje lo que empuja a aceptar la sumisión y la explotación, provocando una sociedad y una clase trabajadora cada vez más disgregada y sometida».

«Explotación»

Patricia Muñoz agregó que «en Euskal Herria y en el planeta, el capitalismo continúa explotando a pueblos, personas trabajadoras, mujeres y naturaleza» con el apoyo de los gobiernos y la patronal «que pactan leyes que empeoran las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores. Aquí se ven las dos caras de una misma moneda: la Europa del capital y los empresarios y la de sus masas de trabajadores precarizadas y despojadas de sus derechos».

Advierte de que esa entente entre el gran capital y los políticos lleva a «abaratar el despido, implementar el copago, menos impuestos a la patronal y sus amigos, más flexibilidad en todos los ámbitos, menor representación sindical, más recortes sociales, apuesta por un sector público raquítico, privatizado y mercantilizado con una intervención pública destinada al beneficio e interés privados».

Frente a una población mayoritaria con recursos económicos escasos, el movimiento social denuncia que «los altos cargos de Lakua, hasta el rango de viceconsejero incluido, con dos años y un día de servicio en el cargo tienen derecho cuando se jubilen a cobrar el 50% de lo que cobra un cargo en activo».

Ante esta situación, Elkartzen pide a la clase trabajadora y a los sectores populares a que «opten por la transformación social». Porque, como explicó Aitor Balda, «los pueblos oprimidos estamos siendo estrujados cada vez más en beneficio del capitalismo estatal. Euskal Herria es prueba de ello (cupos, convenios, ataques al trabajo sindical, recorte de derechos políticos económicos y sociales, robo de las arcas públicas para engordar negocios privados, implementación del capitalismo salvaje, vía TAV-AHT, superpuertos, incineradoras; desprecio a la voluntad popular y un sinfín de agresiones».

Así, Elkartzen afirma que «necesitamos soberanía económica para determinar cómo recaudar la riqueza generada y para poder decidir dónde invertirla, con unos presupuestos participativos y para poder articular mecanismos de defensa contra los ataques de la patronal, que utiliza la razón de su fuerza».

Conlleva, a juicio de Elkartzen, «democratizar la economía, que sea la mayoría de la población, la que en realidad saca adelante día a día este país, la que decida sobre las cuestiones clave de nuestro modo de vida». Por eso entiende que se abren «grandes retos para este pueblo solidario, en pie de igualdad».