Coincidiendo con el inicio de la campaña, en la noche del jueves, un candidato al Senado fue abordado por varias personas, que le golpearon y le amenazaron diciendo que tenían sendas balas para él y para cada uno de sus compañeros. Se trata de una agresión intolerable que, si se hubiera producido en otras circunstancias, habría originado de inmediato una oleada de condenas y muestras de solidaridad con el candidato agredido. Sin embargo, el protagonista involuntario es un abertzale y los agresores, que actuaron con total impunidad, policías españoles, y las condenas y la solidaridad no han llegado.

En los últimos días hemos asistido a discursos que sostenían que esta que acaba de comenzar es una campaña electoral sin amenazas ni violencia, una afirmación que, a la vista está, no es cierta. Joseba Compains, candidato de Amaiur, ha sido objeto de un acto de violencia muy grave, en el que a la agresión en sí se le suma el hecho de que se trata de una persona que concurre a unas elecciones, por lo que su figura debería ser objeto de una especial protección, y que sus agresores son agentes de Policía. Esta circunstancia obliga a la Delegación del Gobierno español en Nafarroa a dar las explicaciones pertinentes, identificar a los autores de la acción violenta y depurar responsabilidades.

Del mismo modo, son muy significativas, y preocupantes, las alusiones que los policías hicieron al proceso de solución abierto en Euskal Herria, del que dijeron que no se creen «nada». Estas palabras, de las que también debería responder la delegada del Gobierno, confirman la existencia de inercias inadmisibles en agentes que forman parte del núcleo del Estado y que constituyen su fuerza de choque represiva. Los mandatarios españoles deben desactivar esas inercias y cortar de raíz actitudes que imposibilitan alcanzar un escenario de democracia real. Ese escenario que defiende Joseba Compains y la coalición de la que forma parte, y que al parecer tanto molesta a sus agresores.