El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha suprimido el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), temido por los movimientos sociales y sindicales, por periodistas y hasta por los propios jueces de la Corte Suprema y Constitucional. Sus vínculos con el paramilitarismo y su implicación en las escuchas ilegales, en los registros extrajudiciales y en las amenazas a todo aquel que levantara la voz contra las políticas del Gobierno ha motivado su desaparición sobre el papel, porque la mayoría de sus funcionarios seguirán en activo en instituciones como el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Interior, en la Policía Naciona o en la Policía Judicial de la Fiscalía.

Desde su formación en los años 70, el DAS ha ido adquiriendo funciones que no figuraban en su carta fundacional y que, en la mayoría de los casos, han traspasado el límite de la legalidad. Con la aprobación del Plan Colombia, diversificó su acciones «contrainsurgentes». En los últimos diez años ha sido partícipe de «crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones forzadas, hostigamientos, allanamientos en circunstancias extrajudiciales. Ha sido un actor de la guerra sucia del Estado colombiano. Incluso ha pasado información a los grupos paramilitares sobre personas y organizaciones opositoras al Gobierno para que cometieran masacres y asesinatos selectivos», afirma Camilo Rojas, colombiano afincado en Euskal Herria que colabora con Komite Internazionalistak en la visibilización del conflicto.

«Basándose en artículos de la Constitución, hacían firmar a los propios funcionarios un documento por el que se comprometían a no revelar hechos ilícitos y de lesa humanidad presentándolos como si fueran asuntos de seguridad nacional. Esto se ha podido saber gracias a las pruebas que algunos funcionarios han aportado en los procesos judiciales», añade.

«Al servicio de los criminales»

«Bajo el Gobierno de Uribe se diseñaron una serie de operaciones ilegales con el fin de atacar a la oposición política, a la solidaridad internacional y a magistrados cuando se interponían en los siniestros proyectos que pretendían imponer en el país. Según los propios funcionarios del DAS, manejaban informes muy detallados de la vida personal y pública de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que estaba revelando los nexos directos entre aliados de la Presidencia en el Congreso y grupos paramilitares. Según la propia Fiscalía, este Departamento estaba dirigido por la Oficina de la Presidencia», subraya Rojas.

La propia Corte Suprema de Justicia concluyó que el DAS estaba «al servicio de los criminales» al condenar a 25 años de prisión al abogado y ex director del Departamento Jorge Noguera por haber filtrado a grupos paramilitares información para que después éstos ejecutaran los crímenes.

Noguera no es el único director, nombrado directamente por Álvaro Uribe, condenado o con procesos judiciales pendientes. José Miguel Narváez está acusado de homicidio, mientras que María Pilar Hurtado, salpicada por un escándalo de escuchas ilegales, huyó a Panamá, cuyo presidente le concedió asilo tras hablar con Uribe.

Para Rojas, la depuración de responsabilidades no irá más allá y no afectará a «las altas instancias» que diseñaron el plan de actuación del DAS. «El máximo responsable en primera y última instancia es el Estado colombiano. Ocurre lo mismo con los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales, cuyas investigaciones no avanzan, quedándose siempre en el mismo nivel», afirma.

Aunque formalmente, ya ha dejado de operar, sus funciones siguen en activo. «Lo que se ha hecho es una reconfiguración. 3.000 empleados del DAS pasarán a la nueva Agencia Central de Inteligencia, 1.500 serán reubicados en el CTI de la Fiscalía -un organismo que ha denunciado y metido en la cárcel a muchas personas que han cometido irregularidades y que va en contra de los intereses de los paramilitares, por lo que, a partir de ahora, estará infiltrado-, 800 irán al Ministerio de Exteriores, 600 al de Interior y 400 a la Policía Nacional. Con esta redistribución, todos los ministerios cumplirán funciones de inteligencia», remarca. «El no estar concentrados en un mismo ente facilitará la invisibilización de los crímenes y que evadan sus responsabilidades», añade.

Santos, «más de lo mismo»

Algunos analistas ven en esta maniobra de Santos un distanciamiento de las políticas de Uribe. Para Rojas, sin embargo, es pura fachada. «Quiere dar la imagen de que estamos en una etapa de postconflicto y de construcción, y de que está corrigiendo todas las faltas que le dejaron gobiernos anteriores. Es una falacia. En este caso concreto, Juan Manuel Santos -ex ministro de Defensa- tenía pleno conocimiento de todas las conductas y estrategias del DAS, cuyo cierre no se le ha ocurrido con la intención de reparar», resalta.

Recuerda que, tras el registro de las oficinas del DAS por orden de la Fiscalía, se incautaron documentos en los que se hacía constar las operaciones encubiertas e ilegales que llevaba a cabo y que involucraban directamente al Ejecutivo: «Ello les obligó a adoptar su cierre. Pero, estamos hablando de setiembre de 2009. Desde entonces, ha tenido tiempo para diseñar este nuevo plan y cómo cubrir con un manto de impunidad las denuncias que iban saliendo a la luz».

«Los organismos de seguridad del Estado están de alguna manera entrelazados y todos tienen en común una estrategia represiva y de persecución a la oposición política. Esto no es un plan diseñado únicamente desde Colombia, cuenta con el apoyo de organismos internacionales como la CIA, el Departamento de Estado norteamericano, el FBI y la Embajada estadounidense en Bogotá. Esta conexión aparece reflejada en documentos publicados por Wikileaks».

«Santos representa la continuidad del proyecto que empezó el ex presidente Uribe. Es un mero cambio de forma, pero el fondo y la estrategia represiva, económica y política es la misma», concluye.