crisis económica
El G-20 se cierra con un compromiso en pro del crecimiento y el empleo
Los que tengan superávit, que inviertan para estimular la demanda interna, y los que tengan déficit, que lo reduzcan ajustando su fiscalidad y traten de crear empleo. Esta es, de manera resumida, la receta del G-20 para salir del atolladero. El FMI auguró que si el plan se implementa en su totalidad se crearán entre 20 y 40 millones de puestos de trabajo en el mundo durante los próximos cinco años.
Imanol INTZIARTE | DONOSTIA
El G-20 cerró ayer en Cannes una cumbre que ha estado marcada por la situación particular de Grecia, lo que ha eclipsado en buena medida el resto de temas que había sobre la mesa. En la declaración final, dada a conocer por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en su calidad de anfitrión, los integrantes de las principales potencias económicas mundiales mostraron su adhesión a una estrategia global cuyo objetivo es impulsar «el crecimiento y el empleo».
Cada estado se compromete a realizar su parte del trato en función de su actual situación. Así, se invita a quienes gocen de superávit a poner en marcha medidas para estimular la demanda interna y depender menos de las exportaciones. También se les pide una mayor flexibilidad en los tipos de cambio monetario. En este grupo estarían países como Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, Corea del Sur e Indonesia.
A los estados en la situación contraria la declaración les insta a continuar con los ajustes fiscales para reducir el déficit y poder poner en marcha medidas dirigidas a crear empleo. El Estado español e Italia serían los ejemplos más relevantes, aunque no los únicos.
Estados Unidos, también lastrado por el peso de su deuda, se comprometió a implementar un paquete de medidas a corto y largo plazo para sostener una recuperación que impulse el crecimiento mundial.
China, de nuevo con un perfil bajo en esta cumbre del G-20 a pesar de las expectativas presentadas por su nuevo papel mundial de banquero del Occidente endeudado, se comprometió a revitalizar el consumo interno, con medidas que refuercen las redes de protección social, mejoren las rentas de los hogares y transformen una economía «basada en un patrón de crecimiento».
El Fondo Monetario Internacional (FMI) auguró que este Plan de Acción por el Trabajo y el Empleo permitirá, si se aplica en su totalidad, crear entre 20 y 40 millones de empleos en el mundo en los próximos cinco años.
En el marco de esta estrategia, los integrantes del G-20 alcanzaron un compromiso para reforzar los medios del FMI otorgándole «los recursos necesarios», aunque sin especificar la manera en que se va a concretar. Según la directora gerente del FMI, Crhistine Lagarde, ello supone «una autorización para ampliar mis recursos sin un suelo, sin un techo, sin límites. Los miembros nos han dicho que harán todo lo posible para que el FMI esté totalmente equipado para actuar en casos de crisis».
La poca credibilidad de Italia
La delicada situación de Italia, socio de este selecto club, ocupó buena parte de la intervención del presidente galo, quien se felicitó por el hecho de que este país, cuya deuda asciende a 60.000 millones de euros, haya adoptado «medidas para renovar la confianza».
No obstante, Sarkozy matizó que el problema «no es el contenido» de dichas medidas, «sino si serán aplicadas». El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, aseguró que este organismo y el FMI supervisarán trimestralmente la marcha de la economía transalpina. «Italia ha decidido por iniciativa propia pedir al FMI que supervise la aplicación de sus compromisos», afirmó Barroso.
La base de esta supervisión será la carta enviada la semana pasada por Berlusconi a Barroso y al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en la que enumeraba sus reformas, entre ellas el logro del equilibrio presupuestario en 2013, el retraso de la edad de jubilación o la reforma del mercado laboral.
«Todo lo que podamos hacer para garantizar la credibilidad de los esfuerzos de todos nuestros estados miembros es importante, no sólo para la eurozona sino para la estabilidad mundial», resaltó el presidente del Ejecutivo comunitario.
El anuncio levantó ampollas en Roma, donde el diario «La República» publicó que fuentes del Gobierno desmintieron la existencia de un acuerdo de «supervisión» y matizaron que sólo aceptarán ser «aconsejados».
Satisfacción española
En una segunda línea de la lista de preocupaciones para el G-20 está el Estado español, al que en el documento final se insta a aplicar «planes claros y creíbles de consolidación fiscal» para reducir el déficit.
En su última cumbre del G-20 como líder del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero se mostró satisfecho porque «España tiene capacidad para financiarse por sí misma sin nuevos ajustes» y su situación se aleja de la de otros estados periféricos de la zona euro.
Zapatero reconoció que las decisiones no han sido fáciles e hizo hincapié en que el próximo Gobierno tendrá frente a sí la ardua tarea de reducir el desempleo -casi cinco millones de parados-, un problema «que va a costar más trabajo superar».
«Una auténtica locura»
Precisamente, los líderes sindicales internacionales presentes en Cannes incidieron en el paro y la inutilidad de las medidas de austeridad. Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (TUC, por sus siglas en inglés), apuntó que «la carrera hacia la austeridad, la idea de que si tú te hundes luego puedes crecer, se ha demostrado que es una auténtica locura». Matizó que los sindicatos no están contra la austeridad «siempre que ésta dependa del crecimiento y del ciclo económico. La consolidación financiera sólo se debe llevar adelante teniendo en cuenta el crecimiento y el empleo».
La secretaria general de la TUC subrayó que «los líderes del G-20 están frente a una realidad indiscutible: la gente está enfadada, no tiene trabajo y las medidas de austeridad no han funcionado».
La iniciativa para crear un impuesto a las transacciones financieras internacionales ha sumado nuevos apoyos durante la cumbre, pero aún no cuenta con el beneplácito de algunas de las grandes potencias, como EEUU.
El G-20 advirtió que no permitirá que las instituciones financieras se comporten como lo hacían antes de la crisis y que someterá en el futuro a una vigilancia «estricta» a bancos y mercados financieros.
El G-20 hizo pública una lista de once territorios considerados paraísos fiscales: Suiza, Liechtenstein, Antigua y Barbuda, Barbados, Botswana, Brunei, Panama, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vanuatu.
El Gobierno francés celebrará el lunes un consejo de ministros al término del cual el primer ministro, François Fillon, anunciará nuevas medidas de austeridad, entre las que se espera un aumento del IVA en restauración y construcción.
El primer ministro de Grecia, Yorgos Papandréu (Pasok), aguardaba ayer por la noche el veredicto del Parlamento para saber si cuenta con la confianza necesaria para seguir, de momento, al frente del Ejecutivo y negociar un gobierno de unidad nacional, con o sin él como líder. Aunque la votación estaba anunciada para las 23.00, al cierre de esta edición seguía sin llevarse a cabo. No obstante, El pequeño partido de centro-derecha Alianza Democrática, que cuenta con cuatro diputados, anunció que aceptaba la oferta y se mostró dispuesto a colaborar.
«Pido un voto de confianza para que el gobierno tenga la fuerza para hacer todo lo necesario para formar un gobierno de cooperación», dijo el primer ministro desde la tribuna del Parlamento ateniense, añadiendo que en caso de obtener una respuesta positiva acudirá hoy mismo al presidente griego, Carolos Papulias.
Papandreu, que se encuentra bajo fuerte presión del principal partido de la oposición, el conservador Nueva Democracia, para que dimita y convoque elecciones, señaló que unos comicios en estos momentos serían «catastróficos». Antes de celebrar elecciones, Grecia necesita lo que el primer ministro calificó como un «gobierno fuerte». Una vez que la situación se haya estabilizado, entonces se pueden convocar los comicios, agregó.
«No me importa si soy elegido. Ha llegado el momento para un nuevo esfuerzo, con buena voluntad», manifestó Papandreu, quien aseguró que ampliar el gobierno es "la última posibilidad" para que conseguir el próximo tramo de la ayuda internacional de 8.000 millones de euros.
El primer ministro defendió el acuerdo de Bruselas, por el que a cambio de más ajustes Grecia recibiría 130.000 millones de euros y se le condonaría un 50% de la deuda a acreedores privados. El acuerdo, defendió, asegura los depósitos bancarios, los salarios y las pensiones, además de ser una «última oportunidad para poner el país en bases sólidas». I.I.
