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La «salvación» de los países endeudados

El revuelo ocasionado la pasada semana por el anuncio de referéndum en Grecia sobre el segundo plan de rescate puede abrir un debate hasta ahora muy limitado. Tanto los principales organismos económicos mundiales como los grandes grupos de comunicación dan a entender que Grecia no tenía otra opción que aceptar el acuerdo del Consejo Europeo del pasado 27 de octubre, aunque ello suponga nuevos y duros recortes para el país, y transmiten la sensación de que llevar a cabo el referéndum era poco menos que una locura.

El referéndum cuyo anuncio hizo temblar a la eurozona y a los mercados financieros en vísperas de la reunión del G-20 era la opción más democrática, fuera cual fuera el resultado, pero fue presentada como sinónimo de perdición para el país, de modo que la decisión del Gobierno griego de dar marcha atrás habría salvado al país «de una mala decisión» que lo habría llevado al desastre, toda vez que se trataba de decidir entre el rescate o la probable quiebra. Sin embargo, ha habido países, como recientemente Islandia -por medio de referéndum-, que han rechazado las recetas impuestas por el FMI, la UE o el Banco Central Europeo, y lo han hecho precisamente para salir de una situación de deuda impagable que en cualquier caso conllevaba grandes sacrificios para sus poblaciones. El ejemplo de Argentina es reciente y claro. Tras dejar de pagar su deuda se le había pronosticado la depresión y el aislamiento económico, pero su evolución fue justo la contraria.

Lo sucedido la pasada semana en torno a la deuda griega es una clara muestra de la inmoralidad del modelo neoliberal, basado en la especulación financiera que somete a los estados a un enorme chantaje consistente en la imposibilidad de dejar caer el sistema financiero para evitar «hundirnos todos». Desde el inicio de la crisis, el sector financiero ha recibido en ayudas públicas 4,6 billones de euros, mientras a los países se les han ido imponiendo cada vez más recortes en el gasto social, es decir, más precariedad laboral, desmantelamiento de servicios públicos y, en definitiva, más pobreza para la mayoría de la población.

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