Lamentamos el dolor que esos guardias civiles han sufrido por el único motivo de prestar un servicio heroico, y por haber sido «juzgados» en territorio hostil para ellos», denunciaron este jueves desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO). Lo expresa una agrupación alegal que representa, nada más y nada menos, que a los eslabones superiores de una cadena de mando responsable de todo tipo de tropelías en Euskal Herria. Y lo hacen como remate jocoso de una vergonzosa concatenación de exculpaciones, mentiras e impunidad que escandaliza incluso en el fragor de la campaña electoral recién finalizada.

Nadie duda en este país que Portu y Sarasola fueron torturados en las afueras de Arrasate por un enardecido grupo de guardias civiles. Por encima de los testimonios de ambos, de los testigos que desmontaron la versión oficial, del rastro físico que su paso dejó en el peaje de la AP-1, el cuerpo de Igor Portu en la UVI del Hospital Arantzatzu de Donostia dejaba poco margen para la duda. A los partes médicos le siguieron las fotografías del torturado, como con anterioridad ocurrió en los casos de Amparo Arangoa, Juanita Goikoetxea, Tomás Linaza, Enkarni Martínez, Joxe Lasarte, Iratxe Sorzabal, Unai Romano o Juan Carlos Subijana. Hematomas monstruosos, rostros deformados y tumefactos, collarines ortopédicos, huellas de descargas eléctricas, crisis de ansiedad permanentes. Los guardianes del orden constitucional acuartelados en Intxaurrondo habían vuelto a hacer una de las suyas.

La sentencia condenatoria dada a conocer por el presidente del tribunal que juzgó a 15 miembros de los GAR en octubre de 2010, aplacó los ánimos de cierta prensa afín a la política de Estado. Fue el caso de José Luis Barbería, que en enero de 2008, tras la detención de los lesakarras, reclamó transparencia para despejar cualquier duda que ensombreciese el «combate político contra el terrorismo» y deslegitimase al Estado. Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, redactó la sentencia en que se condenaba a cuatro guardias civiles por torturar a aquellos militantes de ETA. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, consideró que la condena a los cuatro guardias civiles demuestra el «buen funcionamiento del Estado de derecho».

Tras el fallo del Supremo, en el que los magistrados afirman que las torturas denunciadas son «torturas vindicativas, esto es, realizadas en venganza por su pertenencia a ETA» enmarcadas dentro de «la estrategia de presentar denuncias falsas que todo activista de ETA está obligado a poner en práctica», tanto Subijana, Ares o Barbería, como los candidatos al Congreso y al Senado de prácticamente todas las candidaturas, han callado. Unos por alivio y otros por vergüenza. El Estado de derecho ya no parece ser lo primero. Sólo la Unión de Oficiales ha levantado la voz pidiendo justicia, exigiendo que se restituya en su honor a Casas, Escamilla, Martínez y García, los cuatro héroes de la democracia española.

La historia de la Guardia Civil en Euskal Herria es un compendio de horrores ininterrumpidos desde, cuando menos, el 18 de julio de 1936. Tras la sublevación fascista, sólo un puñado de nombres merece reconocimiento en la memoria colectiva de los vascos: José Rodríguez-Medel Briones (Siruela, Badajoz, 1889), que fue comandante de la Guardia Civil durante la Segunda República Española con destino en Nafarroa. Fue asesinado el mismo día del golpe, cuando intentaba organizar a los guardias para repeler la previsible sublevación de las tropas del general Mola. Tras la irrupción de las tropas fascistas en Gipuzkoa, también fueron fusilados una decena de agentes de la benemérita en Beasain, Eibar y Urbina. También un guardia adscrito al cuartel de Berbinzana fue víctima de la furia falangista, pero fueron excepción. Ya en diciembre de 1936, tras encontrarse un arsenal oculto en el cuartel de La Salve, la Guardia Civil fue disuelta en Bizkaia, ordenándose el arresto de todos sus miembros.

A partir de entonces, el tricornio acharolado de la Guardia Civil ha sido la principal enseña represiva de la negación española contra Euskal Herria. Son personajes de infausto recuerdo Angel Campano, Director General de la Guardia Civil, que visitó junto a Martín Villa a los supervivientes de la matanza obrera de Gasteiz; los sargentos López, Losada y Luis Ruiz Peña, máximos exponentes del tormento en la década de los sesenta; Juan Atarés, al mando de la tropa que acechaba, perseguía y disparaba a los evadidos de la cárcel de Segovia; el capitán Hidalgo Salas, un sádico al mando de las sombras verdes que aterrorizaron Bizkaia en el tardofranquismo; el tándem Tejero-Muñecas, dos amigos a los que unió la tortura y su implicación en el 23-F; el comandante Rafael Masa, superior de torturadores -luego indultados- como Lucio de Sosa, Martín Llevot o Angel Fuentes; sus coetáneos del «GAL verde» en Gipuzkoa, con Enrique Rodríguez Galindo al frente: Felipe Bayo, Enrique Dorado Villalobos y Ángel Vaquero, secuestradores, torturadores y asesinos de Lasa y Zabala.

La Guardia Civil es la responsable de 128 muertes en el marco del conflicto vasco desde 1960 hasta nuestros días. Cientos de personas han conocido la mordedura de sus balas, pelotas de goma y botes de humo. No menos de cinco mil personas han denunciado haber sufrido tortura y malos tratos en los macabros laberintos subterráneos de La Salve, el Antiguo, Intxaurrondo, Sansomendi, Guzmán el Bueno, Tres Cantos... En definitiva, no hay estadística que no hayan superado estos héroes de boina verde. Sobre todo, en lo referido al miedo; a la extensión del pavor.

No hay que hacer un esfuerzo de imaginación exagerado para entender que la paz y la democracia en nuestro Pueblo están ligadas a la desaparición de esta amenaza permanente contra sus libertades. Perdemos el tiempo esperando justicia de los tribunales españoles. Quien es capaz de razonar del modo en que los jueces del Supremo han exonerado de cualquier culpa a los miembros del GAR inicialmente condenados, es, simplemente, un «patriota español» que comparte los argumentos de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Por más que se ganen el sueldo con una toga sobre los hombros, la tortura es para ellos parte del trabajo de sus héroes.

En un capítulo de «Generation kill», una serie estadounidense centrada en los jóvenes marines desplazados a Irak, se recogía el siguiente diálogo entre los protagonistas: «¿Qué se siente al matar? No sé. Supongo que está de puta madre». Así se discurre en las cloacas del estado, en los espacios opacos del sistema, en los crispados controles de carretera (¿qué previenen ahora con sus pinchos atravesando el asfalto?), y en las secuencias de interrogatorio que ninguna cámara o protocolo recogen.

Sólo existe una manera de sacudirnos de encima la losa militar con la que sellan la opresión: acelerando los plazos a la hora de alejarnos de España. Por cierto, todos los guardias civiles destinados en Euskal Herria irán a votar hoy. ¿Y tú? Pliega el periódico y acude a votar con la única papeleta que sirve para que estos héroes de video-consola abandonen para siempre nuestro Pueblo. Es cuestión política, y de orgullo, que perciban, cada vez con mayor claridad, esa hostilidad a la que apelan. Que esta noche, tras el recuento, llegue a sus barracones el inconfundible olor de nuestra alegría.