«Creemos que la utilización de la tortura se da por decisión política y que la naturaleza de esta sentencia es totalmente política, y estamos convencidos y convencidas de que la desaparición de la tortura también se dará por decisión política». Ésa fue una de las conclusiones que ofrecieron Ane Ituiño y Lorea Bilbao, portavoces de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), en una rueda de prensa ofrecida ayer en Donostia para valorar la sentencia, hecha pública el pasado martes por el Tribunal Supremo español, que anula la condena impuesta por la Audiencia de Gipuzkoa a cuatro guardias civiles por torturar a los lesakarras Igor Portu y Mattin Sarasola.

Junto a Ituiño y Bilbao se encontraban los padres de Igor Portu, así como los de Beatriz Etxebarria, detenida el pasado 1 de marzo en Bilbo y que, tras cinco días de incomunicación, denunció haber sido violada y torturada a manos de la Guardia Civil. El ex preso y torturado Juan Cortés también estaba presente. Tras ellos, representantes de la izquierda abertzale, Alternatiba, EA, Aralar, LAB, Lau Haizetara Gogoan, Euskal Herriko Eskubideen Behatokia, Etxerat, Gazte Independentistak, Bilgune Feminista, Ezker Soberanista y Euskaria Fundazioa. Todos ellos, junto a STEE-EILAS, que no pudo estar presente, calificaron la sentencia como «auténtico escandalo político».

Ane Ituiño, en euskara, y Lorea Bilbao, en castellano, recordaron que cualquiera pudo ver las marcas que presentaban los cuerpos de Sarasola y Portu tras los días de incomunicación, y añadieron que en el juicio celebrado en Donostia se pudieron sacar «claras conclusiones de lo que pasó en aquel momento, en aquel lugar y en los posteriores días de incomunicación».

Si bien estos agentes que denuncian la utilización de la tortura valoraron positivamente la sentencia de la Audiencia donostiarra, Bilbao señaló que la emitida por el Tribunal Supremo «nos ha vuelto a poner frente a la realidad que se da en el Estado español».

Incidieron también en la necesidad de activar a la sociedad para poner fin a la práctica de la tortura y recalcaron que es momento de «aunar fuerzas» para trabajar y movilizarse a favor de la paz, la democracia y el respeto de todos los derechos. Por ello, hicieron un llamamiento a participar en la manifestación que recorrerá el próximo sábado las calles de Iruñea contra la tortura y la impunidad, y para reclamar una solución democrática. La cita es a las 17.30 frente a los cines Golem de la capital navarra.

Respecto a la sentencia del TS, recordaron que «durante estos años los aparatos y principales medios de comunicación» del Estado español han intentado silenciar la realidad de la tortura «negándola y tratando de ocultarla mediante un supuesto manual». En ese sentido, denunciaron a los aparatos policiales, políticos y judiciales, añadiendo que han aparecido «conjuntamente» en la utilización de la tortura. «En la práctica, han sido los responsables políticos los que han estado detrás de la realidad que oculta la incomunicación en las comisarías. Y han sido jueces y fiscales los encargados de archivar después las denuncias y de dar por buenas las declaraciones realizadas bajo tortura», sentenció Bilbao, a la vez que señalaba que la nueva sentencia otorga total impunidad a la utilización de la tortura, más teniendo en cuenta que los «débiles argumentos» emitidos por el TS reflejan «una clara voluntad política» de no penalizar la tortura.

En dirección contraria

Estos agentes políticos y sociales colocaron el fallo del Supremo en dirección opuesta al proceso de resolución del conflicto en Euskal Herria, por lo que consideraron que este tipo de decisiones «evidencian una voluntad de entorpecer y arruinar» el nuevo ciclo, que implica el trabajo de agentes políticos y sociales por superar, entre otros puntos, todas las expresiones violentas.

Asumieron la necesidad de reconocimiento de todas las vulneraciones de derechos humanos registradas en los últimos años, entre las que se encuentra la utilización de la tortura. Reconocer la utilización de la tortura, establecer los medios para que algo así nunca vuelva a ocurrir y la reparación a todas las personas que la hayan sufrido son las tres claves que ayer pusieron encima de la mesa para acabar con esta situación.