La realidad es terca y año tras año nos vemos obligados a repetir que la precariedad se instala en el ámbito laboral, con más de 184.000 personas en paro y más de 500.000 trabajadores y trabajadoras percibiendo salarios inferiores al umbral de la pobreza. Pero, la precariedad va más allá de lo laboral y se extiende a todos los aspectos de las condiciones vitales de los sectores populares, por lo que hablamos de precarización social, ya que miles de personas sin trabajo remunerado -paradas, pensionistas, viudas, preceptoras de prestaciones... (900.000)- se ven condenadas a vivir con ingresos inferiores al umbral de la pobreza (37,5% del PIB per cápita,). Continuamente se realizan aumentos en los recibos de la electricidad, el agua, el gas, el transporte, la recogida de basura, el teléfono, el correo, etc. La ausencia de reparto del tiempo de trabajo (productivo y reproductivo) y la creciente privatización de los servicios sociales y públicos está restando tiempo para la participación social activa. El uso y disfrute de una vivienda se ha convertido en un elemento de chantaje, en el que o pagas a los agentes especulativos, o bajas a lo más parecido al infierno de Virgilio, «de patitas a calle».

Aunque la mayor parte de la clase política no se queda aquí, ya que con el proyecto de modificación de la ley 18/2008, conocida por ser la que regula la Renta de Garantía de Ingresos, y que supone importantes recortes que se suman a los anteriores, pretende dar una nueva vuelta de tuerca a la vulneración de derechos sociales, dejando desprotegidas, de una forma clara y premeditada, a las personas que más necesidades tienen. Todos estos factores hacen que cada vez sean más los sectores sociales que se encuentran en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el peso de un endeudamiento casi vitalicio, y sin medios para poder llevar una vida digna.

La otra cara de la moneda son las retribuciones propias de los altos cargos que con solamente dos años y un día de servicio en el cargo (hasta el rango de vice-consejero incluido) tienen derecho, cuando se jubilen, a cobrar el 50% de lo que cobra un cargo en activo.

Así las cosas, los sectores populares no pueden optar por reflotar el sistema que está en crisis. Ya que bien sabemos que no hace falta que el sistema haga crack para que suframos un severo proceso de precarización. Necesitamos democratizar la economía para que sea la mayoría de la población, aquella que con su esfuerzo saca adelante día a día este país, la que participe y decida sobre las cuestiones clave de nuestro modo de vida.

Por todo ello hacemos un llamamiento a participar en la concentración, convocada por diferentes plataformas de Euskal Herria, que tendrá lugar a las doce del mediodía frente al Parlamento de Gasteiz el jueves 24 de noviembre (día que PP y PSE, con la colaboradora abstención del PNV, aprobarán la modificación de ley 18/2008). Y no nos olvidemos de que está todo por cambiar y todo por ganar.