La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de la diligencia de investigación abierta contra Sonia Respaldiza, una de las promotoras de Sortu, «al no resultar acreditada en los hechos denunciados la comisión de ninguna de las conductas que pudieran ser incardinada en alguna de las infracciones penales», según recoge textualmente la resolución.

El tribunal especial español abrió en marzo una investigación para determinar una supuesta relación de Respaldiza con ETA a raíz de las demandas presentadas por la Abogacía y la Fiscalía General contra el nuevo partido político ante el Tribunal Supremo. «Utilizaron como argumento para la ilegalización un informe realizado por la Guardia Civil donde decía que, entre los famosos documentos intervenidos a Susper, uno de los nombres que aparecía encriptado era el de Sonia Respaldiza, como persona captable para ETA», explicó a GARA el letrado Iñigo Iruin.

Como consecuencia de los citados informes policiales, la Fiscalía del Tribunal Supremo remitió la cuestión a la Audiencia Nacional, al objeto de que se abriera una investigación, a consecuencia de la cual Respaldiza se vio obligada a declarar el 4 de octubre en el cuartel de Sansomendi, en Gasteiz.

La resolución conocida ahora fue transmitida el pasado lunes, aunque está fechada el 19 de octubre, quince días después de que Respaldiza prestase declaración en el citado acuartelamiento.

La propia afectada se dirigió en primera persona a los medios de comunicación tras conocer la acusación que pesaba sobre ella respecto a las «conexiones directas de Sortu con ETA» que la Abogacía del Estado presentó ante el Tribunal Supremo. Denunció entonces que las acusaciones eran «totalmente inciertas», afirmación que reiteró al tomársele declaración por parte de agentes de la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional.

A juicio del letrado de la defensa, lo más llamativo de esta cuestión tiene que ver con la publicidad que se dio a un argumento de ilegalización que tiene como base una acusación formulada por la Guardia Civil nueve años después de la aparición de unos documentos que dio lugar a varias intervenciones policiales anteriores.

Iruin reiteró, asimismo, la poca consistencia que supone la mera aparición de un nombre en una determinada documentación, porque no prueba que esa persona mencionada hubiera cometido ningún delito.

Además de Respaldiza, otro de los promotores de Sortu, Javier Artola Zubillaga, fue señalado en la demanda contra la legalización de Sortu, acusado de ser titular de una cuenta corriente en la que se ingresaban fondos para presos políticos.

Sortu espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su legalización una vez que la decisión de los magistrados sigue prolongándose en el tiempo. A mediados de julio, diversas fuentes apuntaron a que para final de ese mismo mes -se llegó a aventurar que sería el 31 de julio- se iba a producir la resolución. Desde entonces, periódicamente, se han avanzado fechas pero aún no ha llegado la sentencia.