El Departamento de Vivienda, que está a cargo del consejero de PSN Anai Astiz, ha propuesto enmendar la ley que rige la adjudicación de viviendas protegidas. Después de unas fracasadas adjudicaciones, dado el alto índice de personas que renuncian a la vivienda que les ha tocado, el Departamento pretende que se elimine, entre otros, el artículo 18, en el que se define cuáles son los ingresos máximos que puede tener un adjudicatario. Esto, en la práctica, podría suponer abrir las viviendas protegidas al mercado libre, salvo con la excepción de que quienes aspiren a ellas tendrán la obligación de residir en ellas.

En concreto, el artículo 18 dispone que, para adquirir una vivienda de precio protegido, la unidad familiar aspirante no puede «poseer ingresos familiares ponderados inferiores a 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples». Para el caso de las de precio tasado, este índice sube hasta 6,5 veces sobre el mismo indicador.

Astiz argumenta que hay que adecuarse a las nuevas normas del mercado y, aunque también dice que busca proteger los intereses de la población, reconoce que lo hace por reactivar el sector de la construcción.