El elocuente escrito que los directores de varias oficinas de empleo de Bizkaia han remitido a la consejera del ramo, Gemma Zabaleta, muestra un alarmante panorama a poco más de un mes de que Lanbide inicie su nueva andadura. El contenido de la carta, en el que se califica de «desenfocado e irreal» el modelo esbozado por Lakua, dibuja un escenario que puede calificarse de caótico, diez meses y medio después de que se produjera la trasferencia y en una institución que atiende y gestiona materias que son vitales para decenas de miles de ciudadanos.

Las críticas contenidas en la reflexión de los directores afectan a diferentes ámbitos de su trabajo, pero resultan significativos los apartados expresamente dedicados a la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ya que Lanbide se va a hacer cargo de ella a partir del 1 de enero y, según se desprende del escrito, lo hará sin que se den las condiciones para ello. En este sentido, recuerdan a Zabaleta que en un primer momento se les trasladó que su labor se iba a limitar a la información y recepción de documentación, para ser informados hace solo tres semanas de que también van a tener que resolver en esta materia. Una labor que, además, van a ejercer administrativos sin formación previa que serán instruidos por una empresa que ni siquiera conoce los procedimientos administrativos. Sin datos de la RGI que corresponde a cada oficina y sin referencia de lo que les espera, los empleados de Lanbide no tendrán fácil tampoco organizar su trabajo ni atender a aquellas personas que acudan a sus oficinas.

La decisión de vincular la percepción de la RGI a la «inserción laboral» es un error de fondo, porque promueve la precariedad y obliga a miles de personas a aceptar condiciones laborales que no deberían ser promovidas, sino perseguidas. La carta de estos directores indica que, además, Lakua falla también en la forma, porque Lanbide ni siquiera está en condiciones de hacer ese trabajo, que no deberían haberle encomendado.