El Autobús de la Memoria acudió ayer a la Audiencia Provincial de Nafarroa para una vista oral sobre su demanda contra las obras que realizó el Ministerio español de Defensa en el fortín de Ezkaba. La asociación solicitó que se tomara declaración a dos historiadores en calidad de peritos, dado que entiende que las obras, en las que se derribó el muro que convertía la plaza militar en una cárcel, contravienen la Ley de la Memoria Histórica y la Ley de Patrimonio. Sin embargo, el juez rechazó escuchar a los expertos alegando que se requería un perfil más jurídico para ser considerados como peritos válidos.

«Las obras realizadas no mejoran la comprensión histórica y tampoco sirven para la recuperar la memoria ni para repararla», denunció Karlos Otxoa, miembro de la plataforma demandante, a la salida del tribunal. Se mostró descontento con el resultado de la vista, que llegó a calificar como un «paripé». No obstante, recalcaron que todavía hay que esperar a la sentencia y que, en el peor de los casos, quedan asideros legales para continuar con esta batalla en favor del recuerdo de los que estuvieron recluidos en uno de los penales más importantes de la dictadura franquista.

Otxoa explicó que su demanda implica la reconstrucción de aquello que derribó el Ministerio de Defensa, aprovechando una partida de dinero público para la conservación de Ezkaba. «Está claro por qué derribaron el muro: no quieren que las piedras hablen y así siguen alimentando la impunidad», censuró el portavoz de la plataforma. Para Otxoa, el único objetivo que tuvieron las obras fue «ocultar parte de la historia» y denunció la connivencia del Ayuntamiento de Berriobeiti y de la institución Príncipe de Viana con este «destrozo», ya que avalaron las obras a posteriori.

Desnaturalizar la historia

Según relató Otxoa, el Autobús de la Memoria llegó ilusionado a la vista después de que se hubiera admitido como prueba pericial un libro en el que se detalla la historia de una fortaleza militar que nació caduca -para cuando se terminó, el desarrollo de la aviación la convirtió en inservible- y únicamente fue empleada como prisión para los republicanos. De hecho, durante los primeros años sirvió en la práctica de centro de exterminio, según algunos historiadores. Por otro lado, en Ezkaba ocurrió la fuga más importante de una cárcel franquista, que derivó en una sangrienta cacería en el año 1938, en la que murieron 211 personas. En consecuencia, el Autobús exige que para que perviva la memoria quien quiera acercase al fuerte debe tener la posibilidad de saber lo ocurrido y reivindica que, para ello, es necesario que se conserve tal y como estaba.

Durante las obras dirigidas por el Ministerio de Defensa se derribó el muro que transformaba el fuerte en cárcel y también vestigios de la presencia de presos republicanos, como algunos escritos en las paredes.

El Autobús de la Memoria inició su batalla legal contra las obras con un recurso ante el Tribunal Administrativo y, posteriormente, la causa ha sido derivada a la Sala Segunda de lo Contencioso, que es a la que ahora le toca decidir.