Los directores de una docena de oficinas de Lanbide ubicadas en Bizkaia remitieron hace unos días una carta a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gema Zabaleta, en la que le exponen su «malestar y preocupación» por los problemas que tienen actualmente para ofrecer un correcto servicio, y que según alertan pueden verse agravados a partir del próximo 1 de enero, fecha en la que asumirán la gestión de la Renta de Garantía de Ingreso (RGI).

El documento, de cinco páginas y al que ha tenido acceso GARA, da continuidad a una reunión mantenida entre ambas partes el pasado 3 de noviembre. Está firmado por los directores de las oficinas Barakaldo, Basauri-Urbi, Burceña, Bilbo-Mazarredo, Bilbo-Rekalde, Durango, Gernika, Getxo, Santurtzi, Sestao, Ondarroa y Zalla.

Según pudo saber este diario, la consejera Zabaleta respondió rápidamente a la misiva convocando una nueva reunión para ayer por la tarde en la sede que el Ejecutivo autonómico tiene en la Gran Vía bilbaina.

En la parte que hace referencia a la RGI, lo primero que constatan los remitentes es que inicialmente se les dijo que su labor «iba a ser de información y recepción de la documentación, no de resolución», hasta que en la reunión del 3 de noviembre «se nos informa de que también vamos a resolver».

Formación sin conocimientos

Critican que la formación sobre RGI «se ha empezado a dar a administrativos nuevos que no tienen formación previa» por una empresa que «no conoce los procedimientos administrativos», mientras que «no se aprovecha la experiencia de los compañeros de Lanbide que conocen al menos una parte de las nuevas tareas que nos esperan».

Tampoco estará a punto la aplicación informática, auguran estos doce directores. «Aún en el caso de que estuviese acabada para enero, se empezaría sin preexplotación, plan piloto, prácticas de personal, etc».

Quienes suscriben la carta afirman desconocer «la existencia de convenios con las entidades públicas indispensables para la gestión de la RGI, no disponiendo a día de hoy del acceso a las consultas de vida laboral». Ni siquiera cuentan con los «datos de la RGI que nos corresponde a cada oficina».

Si esto no fuera suficiente, critican que ya hay oficinas con problemas de espacio, tanto para el público como para el personal, antes incluso de asumir la RGI, y no dudan en utilizar la palabra «hacinamiento» para definir la situación en la que realizan su trabajo, con «personas que no tienen mesa».

Balance demoledor

En el documento se analiza asimismo el periodo transcurrido desde que, a primeros de año, Lanbide asumió las políticas activas de empleo que anteriormente gestionaba el Inem.

El balance que presentan es demoledor. Hablan de un modelo de oficina «desenfocado e irreal», con un sistema de cita previa «inviable» que retrasaría tanto el acceso al sistema de intermediación de empleo como la tramitación de la prestación por desempleo. Critican que en vez de haber «mejorado y adaptado» el modelo heredado del Inem «se ha trastocado todo» sin escuchar la opinión de los directores de oficina.

«Desorganización», «descoordinación», «desinformación», «órdenes de un día para otro», «disfunciones informáticas», «pérdida de datos de intermediación», «desconfianza», «descontento interno de la plantilla»... Estos directores enumeran una lista casi interminable de problemas que, cuando se van a cumplir once meses de gestión, no han recibido una respuesta satisfactoria de Lakua. Y en enero llegará la RGI.