Anuncia el Gobierno de la CAV una serie de medidas para el ahorro del gasto público en el frente del personal a su cargo. Lo hace con alarde de medios, de comunicación, se entiende, a modo de «preparación» de la llamada opinión pública, de la que obtener respaldo ante la bronca que le vendrá encima, esperemos.

El anuncio se hace con toda la carga negativa de golpe, para crear un shock entre los empleados públicos, y con una trampa típica: primero dicen una cosa y luego la suavizan, por medios internos, ante la mala hostia produci- da entre los trabajadores, como para demostrar que al final las medidas no serán tan drásticas (lo han hecho con lo referido al cobro del concepto «carrera profesional», logro de la mayoría de la plantilla de Osakidetza en las huelgas del 2007-2008).

Éste no es el primero, ni va a ser el último, pero es el más grave de los ataques a la plantilla dependiente del Gobierno Vasco de los últimos años. Supone la pérdida de derechos laborales importantes en cuanto a la cobertura de las bajas por enfermedad, reducción de plantilla al no cubrir las vacantes que queden por jubilación, congelación de aspectos retributivos como el sueldo y la carrera profesional, suspensión de incentivos para la jubilación anticipada, suspensión de la jubilación mediante contrato-relevo, insistencia en la no sustitución de incidencias laborales... Un ataque en todo regla a derechos laborales que, entre otras consecuencias, reducen plantilla y conllevan una importante pérdida en la calidad del servicio público a ofrecer a la población.

Anuncian las medidas con mensajes perversos que suponen un insulto a la inteligencia general y un ataque a la dignidad de los trabajadores públicos. Titulan las medidas «Pacto por el mantenimiento del empleo público», y lo argumentan diciendo que los recortes son «compensados por la seguridad en el puesto de trabajo». Insisten una vez más en buscar complicidades en la población repitiendo que los trabajadores públicos somos unos privilegiados (menudos socialistas que nos vienen ahora diciendo que el derecho a un puesto de trabajo digno y estable es un privilegio). Se les pregunta desde los medios qué pasa si la parte sindical no acepta estas medidas y responden que es igual, se aplicarán (a esto le llaman negociación y pacto). Es la chulería y el abuso de poder ante la falta de argumentos con que defender, y ocultar, lo que realmente es: el primer asalto serio, junto con otros recortes sociales que han acordado estos días, a los servicios públicos para desviar recursos al sector privado.

No se pueden aceptar estos recortes, suponen un ataque que va mucho más allá de los derechos de los trabajadores afectados. Es un ataque camuflado a los servicios públicos, a la calidad de la asistencia pública a la población, es un asalto a las arcas públicas para financiar servicios privados, incluida la liquidez para los bancos. Hemos de frenarles ahora, porque esta es una primera andanada del ataque bestial que tienen preparado.

Los trabajadores públicos tenemos que levantarnos frente a este atropello y en defensa del derecho a unos servicios públicos de calidad, orgullosos de nuestra labor social, defendiendo nuestra profesionalidad en la dedicación a atender con equidad y calidad al conjunto de la población. Deberíamos ser vanguardia de la defensa de lo público frente a la codicia ya incontrolable de este monstruo sistema capitalista que nos lleva al desastre.

La sociedad en general, la mayoría social trabajadora debe rebelarse también ante esto, porque es un pequeño adelanto de lo que viene. Hemos de reaccionar ahora, mañana será tarde.

Lo vienen anunciando de muchas formas, pero valgan como ejemplo dos declaraciones de Miguel Angel Lujua, presidente de la patronal vasca, Confebask. Hace unos días pedía al nuevo Gobierno de Rajoy una reforma laboral «con la profundidad y decisión que las circunstancias exigen» y «sin caer en la tentación del retoque puntual que ha venido perpetuando la rigidez e ineficacia del actual sistema». Este jefe de empresarios hace unas semanas opinaba así para la publicación «Euro Week», a la pregunta de qué debe hacer la Administración Pública frente a la crisis: «Acometer un profundo proceso de ajuste y racionalización que adecúe su tamaño, estructura y gestión a los nuevos retos y circunstancias, primando la austeridad y la eficiencia...». No hay que ser muy rojo para entender qué quiere decir y relacionarlo con lo que está pasando.

En la obra de Naomi Klen, «La doctrina del Shock» se puede leer sobre el pensamiento y obra de Friedman, el máximo ideólogo de lo que la autora denomina el «capitalismo del desastre»: «...esperar a que se produjera una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperaban del trauma, para rápi- damente lograr que las `reformas' fueran permanentes».

En ello están, y sólo la unidad en la lucha podrá frenarles.