A la espera de la inminente sentencia del juicio que se desarrolló en noviembre contra nueve jóvenes navarros por «integración en organización terrorista», la Audiencia Nacional española ha decidido poner fin al régimen de prisión preventiva en el que se encontraban seis de ellos. Esto supuso la excarcelación ayer mismo de Maider Caminos, Alberto López, Aritz Azkona y Luis Goñi. Por su parte, Xabier Sagardoy y Mikel Jiménez continuarán en la cárcel al estar acusados en otros sumarios.

De esta forma, de los nueve jóvenes procesados en esta causa, cuya vista oral concluyó el 21 de noviembre, siete se encuentran ya en libertad, dado que Amaia Legarra, Noe López y Maitane Intxaurraga ya habían sido liberados previamente.

Fuentes de la defensa aclararon ayer a GARA que tan sólo se conoce el auto de puesta en libertad y que esto no implica que la sentencia vaya a ser absolutoria. Su prolongada estancia en prisión preventiva también podría haber influido en su liberación. Para los seis jóvenes se pedían penas de entre ocho y diez años y, por ejemplo, si finalmente se les imponen en torno a seis años habrían cumplido ya la mitad de la condena.

Una sentencia absolutoria constituiría un duro golpe a las últimas operaciones policiales realizadas en Nafarroa ya que, como advirtió el fiscal en el juicio, las autoinculpaciones de estos jóvenes fueron la base para realizar otras redadas, como la que instruye el juez Fernando Grande-Marlaska por la «recomposición de la cúpula de Ekin».

No obstante, la legitimidad de estas autoinculpaciones quedó en entredicho tras las múltiples denuncias de torturas que presentaron los acusados. De hecho, Alberto López instó durante la vista oral a «los estamentos competentes del Estado» a que reconocieran el uso de la tortura para conseguir testimonios con los que perseguir a más jóvenes independentistas. Caminos denunció que se le había practicado «la bolsa» y que incluso se le había ofrecido dinero si testificaba contra terceras personas y aceptaba colaborar con la Guardia Civil. Goñi, por su parte, denunció haber sido torturado hasta firmar una declaración ya escrita por la Guardia Civil «en la que no debía de faltar ni una coma». Afirmó, asimismo, que le obligaron a decir que Alberto López pertenecía a Ekin.