Miles de menores sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en Holanda entre 1945 y 2010, y unos 800 supuestos autores de los mismos han podido ser identificados, según una comisión de investigación independiente. «Es una cifra enorme», aseguró el ex ministro de Educación Wim Deetman, que preside la comisión, admitiendo que se trataba de una estimación. «La cifra exacta no puede se establecida», aunque calculó que pueden ser hasta 20.000.

Basándose en los ficheros de las instituciones católicas, aseguró que el problema estaba en la agenda de las reuniones episcopales» desde los años cuarenta. «La iglesia católica holandesa sabía lo que pasaba e intentó resolver el problema pero no funcionó», afirmó Deetman. Precisó que los abusos sexuales van desde «ligeros contactos físicos» a la «penetración».

Los obispos holandeses reaccionaron de inmediato presentando sus «sinceras excusas» a las víctimas y expresaron su pesar, asegurando «estar cubiertos de vergüenza».«No sólo los autores tienen la culpa, las autoridades religiosas no reaccionaron de forma adecuada y no favorecieron los intereses de las víctimas», admitieron.

Después de varias revelaciones en la prensa sobre supuestos casos de abusos sexuales, la conferencia episcopal holandesa y la conferencia de los institutos religiosos anunciaron en marzo de 2010 una investigación «exhaustiva, externa e independiente» sobre el período de 1945 hasta hoy.

Al menos 105 de los 800 supuestos autores de abusos sexuales identificados aún viven, según la comisión, que delegó en la Fiscalía emprender eventuales procesos judiciales.

La comisión explica la pasividad de las autoridades religiosas por el tabú que representaba la sexualidad hasta los años sesenta, así como por la estructura y cultura cerradas en el seno de la Iglesia. «Y después, la gente simplemente no podía creer que un religioso pudiese cometer tales actos», añadió.

Una comisión encargada de asesorar a la Iglesia católica sobre la indemnización de las víctimas propuso el 20 de junio compensar en función de la gravedad de los abusos, hasta 100.000 euros, una propuesta que la iglesia aceptó, aunque ha reconocido que no son suficientes», y los obispos han anunciado que pondrán en marcha códigos de conducta y programas de prevención.