La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa fue el marco en el que se certificó ayer el pacto a tres bandas entre Bildu, el PSE y Aralar que da luz verde a una reforma del IRPF, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y del Impuesto de Patrimonio. Este último se aplicará con carácter retroactivo al ejercicio 2011, mientras que el resto entrará en vigor en 2012.

El Ejecutivo foral ha tenido que rebajar algunas de sus pretensiones para lograr el respaldo del PSE, cuyas enmiendas se situaban en un punto intermedio entre la propuesta original del Departamento que lidera Helena Franco y lo consensuado por PNV y PP en las diputaciones de Araba y Bizkaia.

La aprobación de los dictámenes definitivos contó asimismo con el respaldo de Aralar, mientras que el PP votó en contra. El PNV, por su parte, se posicionó en contra del dictamen referido al IRPF y otras medidas tributarias, mientras que se abstuvo en el de Patrimonio.

La reforma fiscal superará su último escollo en el pleno del 23 de diciembre, sesión en la que también saldrán adelante los Presupuestos, en este caso merced al acuerdo logrado por Bildu con la formación jeltzale.

«Una buena noticia»

La diputada de Hacienda no ocultó su satisfacción por el acuerdo alcanzado y consideró que supone «una buena noticia para la sociedad guipuzcoana». Helena Franco reivindicó la «importancia» de lo que denominó «un pequeño paso» que, a su juicio, sitúa a Gipuzkoa «más cerca de las sociedades más avanzadas de Europa, donde el sector público es fuerte, el estado del bienestar amplio y todo ello basándose en una fiscalidad potente y progresiva».

Preguntada por el incremento en la recaudación que puede traer esta reforma, la responsable de las finanzas públicas guipuzcoanas prefirió no aventurar una cifra exacta hasta que se calcule el impacto de las modificaciones planteadas por el PSE, si bien podría rondar los 70 millones de euros, frente a los aproximadamente 93 millones de más que se esperaban obtener con la propuesta original.

En el capítulo de reconocimientos, Helena Franco recordó que el origen de este acuerdo se halla en una propuesta presentada en setiembre por Aralar para su debate en el pleno de las Juntas y a la que se sumaron Bildu y el PSE. Por ello, agradeció la «actitud positiva» de los grupos encabezados por Rafaela Romero y Rebeka Ubera.

La diputada de Hacienda quiso subrayar también el trabajo llevado a cabo en el seno de su Departamento y consideró que han actuado con «firmeza» en los principios básicos y «flexibilidad» para alcanzar consensos.

En cuanto a la armonización con Araba y Bizkaia, destacó que no puede ser sinónimo de «uniformidad» y que «no puede suponer derecho de veto de unos sobre otros». En este aspecto, insistió en que lo acontecido en este ejercicio refleja «las limitaciones del marco actual», un tema que «alguna vez habrá que poner sobre la mesa».

Franco adelantó que en el próximo ejercicio el Ejecutivo de Bildu tratará de seguir avanzando en «progresividad» fiscal y abordará otros tributos como el de Sociedades o las grandes fortunas, al tiempo que planteará nuevas medidas y herramientas contra el fraude e impulsará, en todos los foros en los que tenga presencia, una fiscalidad más equitativa para el conjunto de Euskal Herria.

«El veto de la derecha»

Por parte del PSE, Rafaela Romero también se declaró contenta por el acuerdo y mostró su deseo de seguir profundizando en esta vía a lo largo de la legislatura, citando expresamente el Impuesto de Sociedades, en torno al cual espera abrir un debate en el que participen empresas, sindicatos y ciudadanía en general y que permita la generación de empleo.

En cuanto a la armonización, fue un paso más allá que Franco, ya que explicitó que no puede suponer un asidero para «el veto de la derecha». Sin nombrarlos, acusó a PNV y PP de no querer «armonizar la lucha contra el fraude fiscal, y eso sí que tiene impacto recaudatorio».

Minutos antes, el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, había sostenido que esta reforma «perjudicará a las clases medias», a lo que Romero replicó que «pronto se verán subidas que afectarán a todos, sobre todo a los que menos tienen», en alusión a las iniciativas tributarias que presumiblemente adopte el Gobierno de Mariano Rajoy.

La portavoz del PSE lanzó además otra chinita al asegurar que «este acuerdo es claro, no susceptible a interpretaciones como otros», en referencia al acuerdo entre Bildu y el PNV sobre la gestión de los residuos y que permitirá la aprobación de los Presupuestos.

Rebeka Ubera (Aralar), ofreció su respaldo, si bien matizó que «no era el cambio que esperábamos», por lo que invitó a Bildu y al PSE a «seguir profundizando en este camino».

Desde la oposición a esta reforma, la representante del PNV, Itziar Agirre, lamentó la falta de armonización y aseguró que a partir de ahora la ciudadanía guipuzcoana tendrá que pagar más que la vizcaina y la alavesa por los mismos servicios.

Agirre sostuvo que «la mejor política para aumentar los ingresos es crear empleo» y rechazó las acusaciones de Romero en torno a la supuesta falta de compromiso jeltzale en la lucha contra el fraude.

Para Juan Carlos Cano (PP), la reforma supone «una pequeña chapuza» de «carácter cosmético» con la cual sus impulsores han tratado de enarbolar «una bandera política» y «marcar terreno».