Los recortes de las prestaciones sociales a los más necesitados han desencadenado una campaña de ESK frente a «ese proceder injusto» que han dado los gobiernos autonómicos de Hego Euskal Herria. Josu Balmaseda considera que ese paso esconde una decisión para «eliminar» el derecho a una renta social.

¿Por qué cree que el Gobierno de Gasteiz lleva adelante los recortes en las prestaciones sociales en plena crisis, cuando más necesidad hay?

Hay varias razones. Sin que el orden signifique importancia, una es que hay una falta de recursos, que viene dada por unas decisiones políticas adoptadas durante los últimos 15 años que tienen que ver con la fiscalidad. Tomaron una decisión de ingresar bastante menos, dejar de ingresar 6.000 millones por la vía de exenciones fiscales a las empresas y otros más de 2.000 millones por el fraude fiscal. Si igualáramos la fiscalidad con Europa serían otros 6.000 millones más de ingresos. Esa política provoca que en época de vacas flacas los resultados del capítulo de ingresos sea muy bajo.

Entonces, los recursos económicos, aunque mermados, ¿no se distribuyen bien?

Claro. Entramos en las prioridades. Los gobiernos de Iruñea, Gasteiz y Madrid han optado desde el principio hasta el final de la crisis para que los trabajadores salgamos con menos derechos. Aprovechan la crisis para favorecer más al capital. Es una conclusión clara que, al principio de la crisis, se notaba menos, pero con el apoyo directo sólo a los bancos fue bastante evidente. Desde mayo de 2010, decisión tras decisión de los gobiernos han ido a recortar derechos de los trabajadores para, al final de esta crisis, situar en mayores beneficios a la patronal.

¿Cómo define esa política de apoyo a los poderosos?

ESK decimos que se han vendido al capital y, además, están vendiendo lo público. Están cediendo espacio público al sector privado. Son recortes en algunas partidas. Tenemos el caso de Nafarroa que no recorta el presupuesto del TAV, pero da menos dinero a la renta básica. Es una indecencia política.

El mantenimiento de las prestaciones sociales y un posible aumento en los presupuestos de Patxi López, ¿supondría un desequilibrio en las cuentas públicas que las llevarían a la bancarrota?

No. Para comparar, dos datos rápidos: lo que supone el fraude fiscal para el Gobierno vasco es el 19%, y lo que supone el gasto de Renta de Garantía de Ingresos y otras ayudas sociales es del 4%. De ese 4% estamos recortando y, por el contrario, aumentando el 12% destinado a infraestructuras. Estamos hablan- do del «chocolate del loro». Es como decía Bertolt Brecht, ahora el 7% pero, a partir de ahí, ¿cómo paras todo lo que viene? Si a la gente más empobrecida tienes la jeta política y el valor de recortarles el 7%, aunque si se valora en relación al IPC real puede significar un porcentaje mayor, ese hecho les sirve para justificar todas las actuaciones posteriores. No hemos sido capaces de parar el recorte social. A partir de ahí, estamos vencidos en cuanto a la justificación del siguiente escalón.

¿Es una autocrítica?

Sí. Ante una medida anunciada en octubre, el mundo sindical y el movimiento social no hemos sido capaces de parar esa agresión a la gente más empobrecida, lo que ha sido suficiente para que el Gobierno piense que puede seguir dando pasos en esa dirección. Eso ha significado que en el mes de diciembre haya anunciado otro recorte en los sueldos de los funcionarios. Quizás si hubiéramos plantado cara a un gobierno tan indecente de una manera seria, impidiendo ese recorte, ya que tuvimos la oportunidad según nuestra opinión, hoy estaríamos hablando de otra cosa con respecto a los funcionarios.

¿La pérdida de derechos está en caída libre?

Sí. En una reflexión compartida con otras organizaciones sindicales de que aquí hay una serie de partidos políticos que en el fondo van alternándose, pero las políticas son las mismas. Por lo tanto, ahí no está la esperanza. La esperanza de que los diferentes gobiernos hagan otras políticas debe de estar en la correlación de fuerzas desde la calle. Ahí existe una responsabilidad de los sindicatos y es donde tenemos que poner toda nuestra capacidad para dar un giro hacia la izquierda. Sólo lo lograremos desde la movilización. Necesitamos una movilización potente para hacer temblar a los gobiernos. Sólo entonces seremos capaces de dar un giro a las políticas.

A su juicio, ¿la sociedad y todos sus agentes están adormecidos?

Hay un elemento histórico en la izquierda que no podemos obviar como es la dificultad para buscar la unidad. También estamos pagando el precio de no ser capaces de responder de manera conjunta a las agresiones. Pero, más allá de eso, lo que está claro es que en Hego Euskal Herria tenemos un sector sindical, que no es pequeño, que está representado por CCOO y UGT, que al principio de la crisis optó por una colaboración con los gobiernos cuando se sabía por la experiencia anterior que la vía de diálogo social sólo podía llevar a la derrota, como ha ocurrido. Es un elemento que no podemos olvidar. A eso, hay que añadir que Hego Euskal Herria está dentro del Estado español, que tienen la capacidad normativa casi plena, que nos influyen a los trabajadores vascos, y que la mayoría casi total es de CCOO y UGT. Han practicado esta política de dejación de la reivindicación y de cesión ante las imposiciones del capital en todo momento. Sólo ha habido algún adorno por parte de CCOO y UGT, como fue la huelga de setiembre en contra la reforma laboral, pero que no ha permitido dar un giro real. Ese mensaje de tranquilidad desde los dos sindicatos grandes juega un papel fundamental, lo mismo que no haya una oposición política seria que se levante contra los planteamientos del Gobierno. Muchos años de paralización de la movilización provoca que, cuando tienes que volver a arrancar, chirríe. Es así de real.

¿Apuesta por el marco vasco de relaciones laborales?

Es un elemento central. No lo tenemos y hace que nuestras movilizaciones, queramos o no, cuando van contra medidas estatales como la reforma de las pensiones y la reforma laboral, tengan límites. La reivindicación central debe ser un marco propio, si no estaremos en un círculo vicioso donde decide Madrid lo que influye aquí. Un sindicalismo estatal vendido a la patronal y un sindicalismo vasco más combativo, pero que no tiene un marco propio para la decisión real en estos temas. Desde enero de 2011, tras la huelga general en contra de la reforma de las pensiones, el sindicalismo vasco, por desgracia, no ha liderado ningún movimiento de calado en la sociedad vasca. Es verdad, que la sociedad, como ha ocurrido con el movimiento del 15M, puede pegar golpes encima de la mesa, pero la responsabilidad que tenemos las organizaciones estructuradas de izquierda es de tirar de la movilización con fuerza. Es una segunda autocrítica, porque no lo hemos hecho.

¿Qué le parece el contrato de inserción por 400 euros y sin que los empresarios paguen prestaciones? ¿Hasta dónde se recortarán las prestaciones?

ESK llevaba unos años diciendo que o peleábamos por un cambio de modelo, y en concreto por una Renta Básica Universal e Individual, o los recortes nos llegarían. En los recortes de la renta social en Nafarroa y en la CAV hay más que un recorte por la crisis. Durante dos años hay un trabajo de OPA contra este derecho, encabezado por los gobiernos vasco y navarro, el Ayuntamiento de Bilbo y un grupo mediático, que se han dedicado a desprestigiar este derecho, a contar mentiras sobre las prestaciones y el posible fraude. Esa estrategia la ha liderado en este último año Gemma Zabaleta con el objeto de acabar con ese derecho.

¿El objetivo final, a su juicio, es la desaparición del derecho?

Así es. Más peligroso que bajar la cuantía, que puede ser coyuntural, es cerrar la puerta de entrada. Es decir, estrechar el acceso de las personas a la renta social y anchar mucho la puerta de salida. Es decir, plantean una filosofía falsa con el nivel de paro de que el que no trabaja es porque no quiere. Y nos dicen que la única vía de inserción en esta sociedad es el empleo. Una sociedad con tanto paro es insultante, pero es la estrategia de estos gobiernos: acabar con las prestaciones, no por la vía de su cuantía, sino golpeando en la línea de flotación del derecho.

¿Irá a peor con el PP?

El PP va a intentar rematar el trabajo del PSOE, como es la liberalización absoluta de las relaciones laborales. Significa contratos a oferta y demanda; salario, a oferta y demanda, lo que significa frotarse las manos por parte de la patronal en esta crisis, porque ganarán más.