La entrevista al portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, que hoy ofrece GARA en sus páginas aborda principalmente la política penitenciaria aplicada a los presos y presas políticos vascos y la legalización de todas las opciones políticas, siempre desde un punto de vista estrictamente jurídico. El portavoz de esa asociación progresista de jueces es prudente en sus declaraciones, pero también claro. Una voz autorizada que deja más en evidencia si cabe el inmovilismo del Estado español.

En un contexto marcado por ese proceso, en el que numerosos agentes han dado y siguen dando pasos, en el que destaca la decisión de ETA de abandonar su actividad armada y en el que el Colectivo de Presos y Presas Vascos ha mostrado su voluntad de hacer su aportación al mismo, la actitud de los estados resulta incomprensible desde el punto de vista político, si se entiende la política como la actividad consistente en procurar el beneficio de la sociedad y solucionar problemas. Incomprensible, además, porque es falso que las leyes vigentes impidan movimientos en materia penitenciaria. Los presos y presas políticos vascos han solicitado la libertad de quienes padecen situaciones extremas en prisión, como son los que padecen enfermedades graves y quienes por ley deberían estar en libertad. No hay traba legal alguna para ello, ni para eliminar la «doctrina Parot» que se aplica desde hace ya cinco años sin que el Constitucional se haya pronunciado al respecto. Y mucho menos para corregir una práctica que resulta ilegal y que es, sobre todo, inhumana para los presos y todo su entorno: la dispersión.

Hoy mismo Mariano Rajoy dará a conocer su programa para esta legislatura en el Congreso. Y a pesar que el comienzo no ha sido precisamente alentador, sería de esperar que encarase con valentía el escenario de resolución que se abre. En eso consiste la política. Y ello no es cuestión de posibilidades legales, sino de voluntad política. Euskal Herria lo sabe, y también los líderes internacionales que acaban de remarcar su incomprensión por la negativa de París y Madrid a acometer ya la resolución de las consecuencias del conflicto.