La entrevista al portavoz de Jueces para la Democracia, Jos� Luis Ram�rez, que hoy ofrece GARA en sus p�ginas aborda principalmente la pol�tica penitenciaria aplicada a los presos y presas pol�ticos vascos y la legalizaci�n de todas las opciones pol�ticas, siempre desde un punto de vista estrictamente jur�dico. El portavoz de esa asociaci�n progresista de jueces es prudente en sus declaraciones, pero tambi�n claro. Una voz autorizada que deja m�s en evidencia si cabe el inmovilismo del Estado espa�ol.

En un contexto marcado por ese proceso, en el que numerosos agentes han dado y siguen dando pasos, en el que destaca la decisi�n de ETA de abandonar su actividad armada y en el que el Colectivo de Presos y Presas Vascos ha mostrado su voluntad de hacer su aportaci�n al mismo, la actitud de los estados resulta incomprensible desde el punto de vista pol�tico, si se entiende la pol�tica como la actividad consistente en procurar el beneficio de la sociedad y solucionar problemas. Incomprensible, adem�s, porque es falso que las leyes vigentes impidan movimientos en materia penitenciaria. Los presos y presas pol�ticos vascos han solicitado la libertad de quienes padecen situaciones extremas en prisi�n, como son los que padecen enfermedades graves y quienes por ley deber�an estar en libertad. No hay traba legal alguna para ello, ni para eliminar la �doctrina Parot� que se aplica desde hace ya cinco a�os sin que el Constitucional se haya pronunciado al respecto. Y mucho menos para corregir una pr�ctica que resulta ilegal y que es, sobre todo, inhumana para los presos y todo su entorno: la dispersi�n.

Hoy mismo Mariano Rajoy dar� a conocer su programa para esta legislatura en el Congreso. Y a pesar que el comienzo no ha sido precisamente alentador, ser�a de esperar que encarase con valent�a el escenario de resoluci�n que se abre. En eso consiste la pol�tica. Y ello no es cuesti�n de posibilidades legales, sino de voluntad pol�tica. Euskal Herria lo sabe, y tambi�n los l�deres internacionales que acaban de remarcar su incomprensi�n por la negativa de Par�s y Madrid a acometer ya la resoluci�n de las consecuencias del conflicto.