El 23 de diciembre se ha aprobado en las Juntas Generales de Gipuzkoa la reforma fiscal para 2012. La Diputación ha acordado con el PSOE una rebaja de su ya escasa propuesta inicial. Esta reforma, al igual que la del resto de territorios, es consecuencia de un debate que se ha cerrado sin participación social. ELA ha reclamado en los últimos años la necesidad de un amplio debate sobre la fiscalidad. No es eso lo que se ha producido. En realidad, al rebufo de lo ocurrido en el Estado español, el debate se ha tratado de circunscribir a si había que reponer o no el Impuesto sobre el Patrimonio, y poco más. Las instituciones (en la CAPV el Gobierno Vasco y las 3 Diputaciones Forales) no han querido abordar el debate de fondo. Las sucesivas reformas fiscales aprobadas en las últimas décadas han supuesto una impresionante rebaja de los impuestos que pagan las empresas, el capital y quienes tienen rentas altas. Además, los datos muestran que no se ha corregido en absoluto el enorme fraude fiscal existente en las rentas de trabajo.

Por ejemplo, hace 15 años el tipo real que pagaban las empresas por su beneficio era del 21%. Ahora es del 13%. Esto es consecuencia de la fuerte rebaja aplicada en el tipo nominal y del aumento de las deducciones. Otro ejemplo. El IRPF se ha convertido en un impuesto en el que la progresividad solo se aplica a las rentas de trabajo, ya que rentas de capital que antes tenían una tributación igual que la de la nómina, han pasado a tener un tipo único. Además, la progresividad se ha reducido enormemente. Se ha reducido el tipo máximo del 56 al 45%. Último ejemplo. La renta media declarada en el IRPF por quienes tienen rentas de trabajo es mucho mayor que la de quienes tienen actividades empresariales y profesionales, y la distancia ha crecido notablemente en los últimos años.

El injusto sistema fiscal que se ha construido supone dejar de recaudar al año miles de millones de euros. A ello habría que añadir lo que se pierde por el fraude fiscal. Si se traduce esto a Gipuzkoa, esto supone unos 2.000 millones de euros al año (la suma de los efectos de todas las reformas más una estimación muy prudente del fraude fiscal).

La reforma aprobada en las Juntas Generales de Gipuzkoa (al igual que las de Araba, Bizkaia o Nafarroa) no realiza cambios sustanciales en todos estos temas. Estas reformas son una gota de agua en el mar. Se puede discutir si alguna es un poco más grande que otra, pero no que son una gota. Lo aprobado en Gipuzkoa va a suponer unos 50 millones de euros de recaudación (el 21 de octubre en la comparecencia en Juntas los responsables de la Diputación dijeron que su propuesta se cuantificaba en 75 millones de euros, a los que hay que restar los 23 millones de merma por el acuerdo Bidu-PSOE, según sus propias estimaciones recogidas en GARA). La reforma de Bizkaia recaudará 53 millones más. La reposición del Impuesto sobre el Patrimonio, que no es igual en todos los territorios, tiene en común que en todos los casos tiene menor capacidad recaudatoria que antes. Lo aprobado para las EPSVs apenas tiene diferencias entre haciendas.

Lo diferente en Gipuzkoa es la subida del tipo marginal máximo del IRPF, de hasta 4 puntos, pero que se aplica solo al 1,2% de los contribuyentes.

ELA ha puesto encima de la mesa sus propuestas de reforma fiscal. La Diputación de Gipuzkoa se ha negado a debatirlas, al igual que lo han hecho el resto de diputaciones. En lugar de ello hay responsables de esa Diputación que parece que prefieren debatir estas cuestiones a través de los medios de comunicación. ELA está dispuesta a ello, está a favor del debate, pero no nos parece que una vía sustituya a la otra.

ELA va a seguir defendiendo sus propuestas, explicándolas y movilizándose a su favor. Mantener la actual política fiscal, que es lo que hacen las reformas actuales, es, a nuestro entender, una apuesta por seguir manteniendo nuestros niveles de protección social a la cola de los de la Unión Europea. No es causalidad, en absoluto, que la protección social sea en Hego Euskal Herria del 19% del PIB, frente al 27% de media de la Unión Europea. No es casualidad que para alcanzar la media europea el Gobierno Vasco tendría que destinar el año que viene 1.200 millones de euros más a sanidad y 800 millones más a educación. Y no es casualidad que el enorme déficit en protección social sea equivalente al diferencial existente en presión fiscal. Esta situación no se corrige con 50 millones de euros más. Se necesitan cambios sustanciales, radicales, de la política fiscal. La actual reforma fiscal no da respuesta, ni de lejos, a la grave situación que vivimos en Euskal Herria.

ELA trabaja para cambiar las políticas. Y está convencida de la necesidad de alianzas. Pero una cosa es alianza y otra subordinación. Si la Diputación de Gipuzkoa decide sin dar participación social, no busca alianzas sociales (es su decisión, su responsabilidad). Tampoco se busca alianza si se pretende callar a quienes defendemos, de manera argumentada, una posición que, por otra parte, no es nueva. Querer llevar a cabo una política progresista, que confronte con el poder económico, requiere necesariamente de la movilización social. Quienes no aceptan esta dialéctica no buscan la alianza, buscan la subordinación. Y ELA no está ahí, ni va a estar.