Las Cámaras de Comercio ponen cita en Baiona a favor del TAV del Sudoeste
Las Cámaras de Comercio e Industria de Aquitania, de Midi Pyrénées y de Baiona preparan una iniciativa de apoyo al proyecto del TAV del Sudoeste para el 9 de febrero. Se trata de una nueva reacción al anuncio de la ministra francesa de Transportes de encargar un estudio sobre su viabilidad económica. Hace unos días, la mayoría de grupos del Consejo de Aquitania interpelaron al Gobierno para que lo garantice.
Arantxa MANTEROLA | BAIONA
Aunque todavía no se conoce en detalle la forma que va a tomar, las Cámaras de Comercio e Industria (CCI) regionales de Aquitania y de Midi Pyrénées, a las que se han unido la de Baiona y diversos agentes económicos, están preparando una iniciativa de apoyo al proyecto de construcción de la nueva línea de alta velocidad del Sudoeste.
El anuncio constituye una nueva reacción a la intención de la ministra francesa de Transportes y Medio Ambiente, Nathalie Kosciusko-Morizet, de pedir una evaluación, externa e independiente, de los grandes proyectos ferroviarios, en particular en lo que se refiere al coste económico, para establecer si su construcción es pertinente.
El presidente de la CCI aquitana, Laurent Courbu, asegura que la línea Burdeos-Hendaia es una «prioridad absoluta para la región» y considera que abandonar el proyecto sería «una decisión irresponsable», por lo que conmina al primer ministro, François Fillon, a «no echarse atrás en los compromisos ya adoptados por el Gobierno».
En su iniciativa, Courbu cuenta con la adhesión de las siete CCI de Aquitania, entre ellas la de Ipar Euskal Herria. El presidente de ésta, André Garreta, manifestaba ayer su total apoyo al proyecto y apuntaba que «no se puede aducir que ya se verá dentro de 25 años y dejar el problema sin solucionar a las generaciones futuras». Argumentó, asimismo, que no hay otro modo de retirar las olas de camiones que cruzan a diario el territorio labortano.
Proyectos en peligro
Los presidentes de las CCI precisan que la eventualidad de un abandono del proyecto tendría también consecuencias negativas «en la calidad de vida y la dinámica económica de la región». Concretamente, citaron futuros proyectos que podrían verse mermados como el de la Eurorregión Aquitania-Euskadi.
La reacción de estos agentes económicos viene precedida por la de los presidentes de todos los grupos políticos -excepto Europe Ecologie-Les Verts- del Consejo de Aquitania, que hace unos días interpelaron oficialmente al Gobierno de París en el mismo sentido y le exigieron garantías de que la línea del TAV del Sudoeste se construirá.
El presidente del Consejo General de Pirineos Atlánticos, Georges Labazé (PS), fue uno de los primeros en reaccionar a la declaración de la ministra de Transportes y dejó caer que el Departamento no cumplirá con el compromiso de aportar 79 millones de euros a la construcción del tramo Tours-Burdeos (ya adjudicado) si no se le garantiza que la línea vaya a llegar a Hendaia y a Pau.
La posición del mundo político no es unánime, ni tan siquiera entre las mismas tendencias políticas. Así, la diputada UMP Michèle Alliot-Marie estima que «la propuesta de Kosciusko-Morizet es de sentido común» y deplora que los electos socialistas aquitanos la critiquen.
Convocados por AHT Gelditu y varios colectivos sociales de Bizkaia (Argilan, Asambleas de Parad@s de la Margen Izquierda, Asamblea de Invisibles, Berri-Otxoak, Consejo de la Juventud de Euskadi, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos), varias decenas de activistas se concentraron ayer ante la sede del Gobierno de Lakua en Bilbo para denunciar el «despilfarro que suponen» las obras del TAV.
Tres de los manifestantes se encontraban en pañales para plasmar simbólicamente el estado en que miles de personas se van a quedar con los recortes de las partidas de servicios sociales o sanidad que conllevan los presupuestos aprobados el viernes en el Parlamento de Gasteiz, «mientras el de la construcción del TAV se ha incrementado en un 27%). Recordaron que «el coste previsto de la Y vasca es de 4.481 millones de euros -5.975 millones si se cuentan los accesos a las capitales-», lo que tildaron de «derroche en un momento en el que casi 145.000 personas están en paro en la CAV, de las cuáles el 42,8% no percibe prestación alguna, que siete familias son desahuciadas al día o que el 57% de los pensionistas están por debajo del umbral de la pobreza». A.M.
