El Tribunal Supremo español da la razón a las empresas eléctricas y rechaza que el Gobierno pueda utilizar los peajes de acceso, la parte regulada de la Tarifa de Último Recurso (TUR) a la que están acogidos 20 millones de consumidores, para compensar incrementos del precio de la energía y evitar subidas de la luz, tal y como había hecho el anterior Ejecutivo en dos ocasiones.