Amaiur votará en contra de las primeras medidas de PP
El Congreso español aprueba hoy el primer paquete de medidas de ajuste económico del Gobierno Rajoy, con el que prevé recortar cerca de 9.000 millones de gasto público. Pero la mayoría absoluta del PP no evitará las críticas desde otras bancadas, entre ellas la de Amaiur. La coalición explicó ayer que votará en contra de unas reformas que «son fruto de un diagnóstico equivocado» y «solo contribuyen al empobrecimiento de la mayoría de la población».
Imanol INTZIARTE | DONOSTIA
Amaiur votará hoy en el Congreso español en contra del primer paquete de medidas económicas presentado por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, según adelantaron ayer en Iruñea los diputados abertzales Sabino Cuadra y Rafa Larreina.
Los electos de la coalición explicaron que su oposición se sustenta en «tres razones fundamentales». La primera es que, a su juicio, dichas medidas «son fruto de un diagnóstico equivocado sobre las causas de la crisis en el Estado español y, por tanto, no van a la raíz del problema, pues perpetúan una estructura socio-económica sustentada en los sectores especulativos -banca, construcción- que da la espalda a los sectores productivos, y una burbuja institucional que perpetúa una administración central y autonómica que es totalmente ineficiente social y económicamente».
En segundo lugar, Amaiur considera que las propuestas del Ejecutivo de Madrid «tienen como objetivo directo conseguir el déficit cero, en vez de atajar de forma directa el problema del desempleo». Es decir, priorizan «las demandas de los mercados, de la banca, de las finanzas, de los sectores especulativos, en vez de dar respuesta prioritaria a los problemas de las personas».
Como consecuencia de ello, Cuadra y Larreina señalaron que la puesta en marcha de estas medidas «solo contribuyen al empobrecimiento de la mayoría de la población, a la generación de más paro y más desprotección social, con lo que la crisis se acrecentará y afectará, de forma más grave aún, a los sectores con menos posibilidades, más desprotegidos».
Análisis individualizado
Analizando una a una las medidas, Amaiur resalta que «se incumplen las promesas hechas a bombo y platillo referentes a la revalorización de las pensiones», puesto que la anunciada subida del 1% significa «perder otro punto» de pérdida adquisitiva, ya que la inflacción prevista es del 2%.
En cuanto a la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Cuadra y Lasarte apuntaron que supone una pérdida del 2,4% de poder adquisitivo, que se suma a pérdidas anteriores con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Respecto a la reducción del gasto, Amaiur tilda de cuantitativamente «simbólicas» las reducciones de fondos destinados a partidos u organizaciones sindicales, mientras que califica de «antisociales» los recortes en la Ley de Dependencia y otras prestaciones.
Asimismo, critica «la disminución de las ayudas a la I+D+i en 600 millones de euros» y las iniciativas encaminadas a reducir el gasto en el sector público, lo que supondrá «un recorte de las coberturas sociales» del funcionariado, la«pérdida de puestos de trabajo» en ese sector y «un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos».
En lo que se refiere al capítulo de ingresos, Amaiur estima que «se vuelve a incidir en repercutir los costes de la crisis en los asalariados», mientras que «los grandes capitales siguen estando en el limbo fiscal».
Un marco soberano
Ante esta coyuntura, la coalición insiste en la necesidad de que «la sociedad vasca tenga cuanto antes en sus manos los instrumentos institucionales y políticos necesarios para resolver de forma socialmente eficaz los problemas que le afectan».
«La reclamación de un marco soberano para Euskal Herria que nos permita tomar decisiones en materia económica y fiscal para reforzar el estado de bienestar y conseguir un marco propio de relaciones laborales y protección social, es hoy más importante y urgente que nunca», concluye Amaiur.
Como ejemplo de los diferentes raseros fiscales Amaiur subraya que «la regulación de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) sigue permitiendo que los grandes capitales coticen tan sólo un 1%».
La coalición no duda en definir las facilidades para evitar al fisco como «apología de la evasión fiscal» y reclama una reforma que «aborde con sentido y responsabilidad social el reparto progresivo de las cargas» para cumplir «el principio elemental de que quien más tenga más pague».
El presidente español, Mariano Rajoy, concedió ayer a la agencia Efe su primera entrevista desde que accedió al cargo. Prácticamente todas las cuestiones planteadas se centraron en la situación económica.
Preguntado por la ruptura de su promesa de que no subiría los impuestos, Rajoy subraya la temporalidad de la medida -«para dos años»- y la justifica por el alto déficit, citando como ejemplo que «el año pasado nos habíamos gastado 20.000 millones de euros más de lo previsto». En este mismo capítulo enmarca los recortes en el gasto para dar «credibilidad» al Estado español. «El año pasado nos gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos, y ese dinero hay que pedirlo fuera», explica.
El presidente defiende que su subida del IRPF es «progresiva» y «equitativa». En cuanto a una posible subida del IVA, Rajoy asegura que «no está en nuestras previsiones» porque «afecta por igual a todo el mundo» y «supone inmediatamente un aumento de los precios».
El líder del Ejecutivo subraya que su objetivo es «un modelo en el cual las administraciones públicas no gasten lo que no tienen» y que para mantener el sistema de pensiones, de sanidad o de educación «se necesita que el Estado tenga ingresos», para lo cual «se necesita que haya crecimiento económico y empleo. La clave es generar empleo, porque si hay mucha gente trabajando, hay mucha gente que paga el Impuesto de la Renta, y esa gente que trabaja, consume y, por tanto, paga el IVA, y paga impuestos especiales... Y esa gente que trabaja cotiza a la Seguridad Social».
Para llegar a esa meta, Rajoy enumera algunas de sus próximas medidas, comenzando por seguir reduciendo el déficit para lograr financiación exterior en buenas condiciones. Además, se reclamará a las administraciones autonómicas y locales «que todos tienen que apretarse el cinturón» y se presentará en menos de un mes «una ley de estabilidad presupuestaria que fije techo de gasto y de endeudamiento».
El segundo punto será la «reforma del mercado laboral», seguida de «un plan para la reestructuración del sistema financiero» que «va a obligar al saneamiento de las entidades , a su transparencia y a un nuevo proceso de fusiones (...) para que las que haya sean de buen tamaño, sean solventes y, sobre todo, para que vuelvan a dar crédito a las pequeñas y medianas empresa y a las familias, sin lo cual no habrá recuperación». Y para antes del verano anuncia «una norma para ayudar a las pymes desde el punto de vista fiscal». GARA
