El Tribunal de Apelación especial de París examinará hoy por la tarde las dos peticiones de extradición que pesan sobre el militante vasco Patxi Segurola. Es la tercera vez que sendas peticiones son sometidas a la justicia francesa. En las dos anteriores, los respectivos tribunales rechazaron la demanda de Madrid.

La primera vez fue en el año 2000, cuando el aginagarra se encontraba encarcelado tras haber sido detenido en setiembre de 1999. Cuando le quedaban solo tres días para ser liberado tras haber cumplido la condena, los jueces españoles volvieron a presentar, a finales de noviembre de 2010, las dos demandas de extradición, lo que provocó el prolongamiento de su encarcelamiento.

El Tribunal de Versalles las volvió a examinar y rechazó de nuevo las demandas de extradición en febrero de 2011. Sin embargo, el fiscal recurrió la decisión ante el tribunal de Casación (Supremo) que la aceptó, por lo que hoy se vuelve a repetir la vista, esta vez en el Tribunal de París.

Segurola deberá desplazarse a París desde Autun, localidad de Borgoña en la que está confinado bajo estrictas medidas de control desde que el tribunal de Versalles desestimara la extradición.

Ratificación del Convenio

La ratificación en 2005 por parte del Estado francés del Convenio de Dublín, que introdujo diversas modificaciones en el Convenio europeo de extradición, permitió a Madrid reactivar su petición por considerar que había «elementos nuevos» en el expediente contra Segurola, extremo que el tribunal francés refutó.

La misma circunstancia se ha producido en el caso de Marixol Iparragirre, encarcelada en el Estado francés y cuya extradición ha vuelto a pedir la justicia española aunque la demanda ya fue denegada en 2004. Las disposiciones del mencionado convenio establecen que no se podrá denegar la extradición por el motivo de que la acción o la pena hayan prescrito con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido.

Askatasuna ha denunciado la situación de Segurola y ha exigido que lo «dejen libre para volver a su casa, así como a todos aquellos presos políticos vascos que han terminado su condena y que cumplen las condiciones para ser liberados».

El organismo antirrepresivo ha pedido a los estados español y francés que cesen su «política de hostigamiento» y empiecen a «dar pasos para la resolución del conflicto».