NUEVO TIEMPO EN EUSKAL HERRIA
El PP pide que no se le presione sobre la política penitenciaria
Tras la multitudinaria manifestación del sábado, el Gobierno español y el PP tratan de sacudirse la presión para que cambien la política penitenciaria e instan a los partidos a centrarse en la exigencia de la disolución de ETA.
GARA | MADRID
La multitudinaria manifestación del sábado en Bilbo y las reacciones que ha suscitado comienzan a hacer mella en el Gobierno español, que ayer, a través del ministro de Interior, trató de enviar un doble mensaje: a quienes impulsaron y acudieron a la marcha les respondió que el Ejecutivo no se va a dejar presionar; y a los cargos institucionales y «partidos democráticos» les pidió que pongan el acento en ETA y en su «entorno». De forma complementaria, desde el PP se insiste en que la reclamación que debe hacerse es la de la disolución de ETA, y no la de cambios en la política penitenciaria.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió ayer a la marea humana del pasado sábado que «si tratan de presionar al Gobierno se equivocan porque el Gobierno no se va a dejar presionar». En una entrevista en Telecinco, trató de restar importancia a la marcha señalando que se hace cada año. A su entender, la única diferencia en esta ocasión es que «ETA dice que deja indefinidamente las armas. El entorno abertzale quiere presionar al Gobierno para tratar a los presos de ETA de manera distinta y eso sería infringir la ley y el Gobierno no va a infringir la ley».
En opinión del titular de Interior, ahora «los partidos democráticos tienen que poner el acento» en el entorno de ETA para que la organización «se dé cuenta de que cuanto antes se disuelva mejor», porque «no sólo tienen que dejar de matar, sino también de existir».
Jorge Fernández Díaz insiste por un lado en que el Gobierno no va a aplicar a estos presos la legislación penitenciara con carácter «colectivo», sino con carácter «individual», que es, según aseguró, como se debe hacer, por lo que aquellas personas que han sido condenadas por «haber cometido una actividad en la actuación terrorista formando parte de la banda ETA» se pueden acoger a los beneficios que la ley prevé «pidiendo perdón» y «de forma individualizada».
Por otro lado, el ministro aseguró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene intención de hablar con los partidos políticos pero que no piensa «negociar con ETA ni darle las gracias a la izquierda abertzale». «Si intentan presionar al Gobierno, se equivocan», reiteró.
«No le damos las gracias por dejar de matar. Por eso no sólo tiene que dejar de matar, sino dejar de existir. El Gobierno va a hablar con los partidos pero no va a hablar con terroristas», aseguró Fernández.
Sobre la visita que tiene previsto realizar a la CAV el próximo día 24, puntualizó que forma parte de la «normalidad» de la agenda de un ministro de Interior, ya que como tal debe estar «muy pendiente» de esta comunidad y debe mantener con el Gobierno de Lakua una relación de «lealtad».
Malestar del PP
El hecho de que cada vez más voces reclamen cambios en la política penitenciaria está generando malestar en el Partido Popular. Dos de sus dirigentes, Alfonso Alonso y Antonio Basagoiti, cargaron ayer contra el lehendakari, Patxi López, por realizar este tipo de peticiones.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso y hombre de confianza de Mariano Rajoy, Alfonso Alonso, demandó al lehendakari que centre «la presión sobre el hecho de que ETA aún no se ha disuelto» y «sigue siendo una amenaza latente». «No se puede trasladar la presión sobre el Gobierno, sobre la sociedad democrática; la presión sigue estando sobre ETA y sigue estando sobre aquellos que han combatido contra la democracia», subrayó en una entrevista en Radio Nacional de España.
También el presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, salió a la palestra -este a través de su videoblog- para advertir de que el lehendakari «se equivoca» en sus peticiones a Mariano Rajoy en materia de política penitenciaria porque «el problema no son las políticas del Gobierno de España», sino que «lo importante» es que «ETA sigue existiendo».
Según Basagoiti, «la política penitenciaria, la urgencia con los presos, no es algo que le preocupe al común de los vascos», sino que constituye «una reclamación de Batasuna, de la izquierda abertzale, de la gente que la acompaña». Añadió que Patxi López «se equivoca, se confunde». «Aquí lo que un demócrata debe pedir es la disolución de ETA», subrayó.
Por ello, pidió «a todo el mundo sensatez» y especialmente al lehendakari «racionalidad». E insistió en su demanda de «unidad» a PSOE y PNV para ser «exigentes para que ETA desaparezca».
Pese a este tipo de afirmaciones, la portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, aseguró ayer que no hay «fisuras o distanciamientos» entre el PSE y el PP vasco en materia penitenciaria. A su entender, el mensaje es el mismo -no cabe amnistía, sino medidas individuales tras pedir perdón- y lo que hay son matices en las palabras.
Madina pide valentía
El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, pidió ayer al Gobierno del PP sea «valiente» y aproveche la «oportunidad» del cese la violencia de ETA. Desde TVE, se dirigió a Rajoy para decirle que «la valentía está en moverse y el riesgo en no hacer nada».
Preguntado sobre si otra política penitenciaria es posible, Madina -que fue víctima de una bomba de ETA- señaló que «no hay que modificar ni una sola ley para tener márgenes de movimiento», porque las leyes son amplias y permiten márgenes de actuación política para consolidar un escenario de paz y libertad plena, y subrayó que «el Gobierno las conoce perfectamente».
Madina precisó que ese movimiento «no tiene nada que ver con indultos ni con pasar página de un día para otro».
El diputado general de Bizkaia pidió en ETB que se aplique «la legalidad vigente también a los presos condenados por causas de terrorismo», de forma que se ponga en libertad a quienes tienen las tres cuartas partes de la condena cumplida y a los enfermos graves, y se proceda al acercamiento.
El secretario de comunicación de UPN, Sergio Sayas, pidió ayer a Mariano Rajoy que mantenga el inmovilismo con respecto a los presos vascos y solicitó la nueva delegada del Gobierno español mano dura contra toda manifestación de cariño hacia quienes salen de la cárcel. Estas declaraciones no han gustado en el PP, que las calificó de «absolutamente innecesarias». Eloy Villanueva, líder del PP en Nafarroa, respondió que su posición ante los presos políticos no se ha movido un ápice y que es UPN quien no asume su responsabilidad. Villanueva emplazó al Gobierno navarro a «preocuparse por sus socios», ya que cree que al PSN le falta firmeza. Dijo que el PSN pactó con Bildu un texto tras «varios días de conversaciones oscuras entre socialistas y abertzales». Y aprovechó para afirmar que es al Ejecutivo de Yolanda Barcina al que le corresponde supervisar actos en apoyo a los presos, puesto que tiene competencias en materia de Interior y, por tanto, no tiene nada que recriminar a la Delegación del Gobierno español. A.I.
Se cumplió ayer un año desde que ETA decretara un alto el fuego permanente, general y verificable, tras el cual llegaron la Conferencia Internacional de Aiete y el anuncio por parte de la organización del cese definitivo de su actividad armada el pasado 21 de octubre. Por ello, la izquierda abertzale trasladó ayer su análisis de la actual coyuntura política e hizo balance de los últimos doce meses cargados de grandes acontecimientos. Consideraron, además, que las condiciones para abordar la resolución del conflicto político «están dadas».
Maribi Ugarteburu, en castellano, y Niko Moreno, en euskara, instaron al Gobierno de Mariano Rajoy a que «abandone la trinchera del inmovilismo» y se convierta en «agente proactivo para la resolución definitiva», haciendo suyas las Declaraciones de Gernika y de Aiete. En ese sentido, Ugarteburu reclamó al Gobierno español que aplique a las presas y presos políticos vascos la legislación ordinaria penitenciaria ya que «solamente con eso estarían ya empezando a desatascar este tema, sin hacer nada extraordinario».
A su juicio, las «medidas de excepción», como la dispersión de los reclusos, pueden ser «levantadas a día de hoy» sin cambiar la legislación que, indicaron, ha sido «retorcida» en los últimos veinte años por diferentes responsables del Gobierno español.
Señalaron que un nuevo tiempo que «exige de la aportación de todos» se ha abierto en Euskal Herria. Por lo que, en este marco, exigieron al PP que aborde, «con carácter de urgencia», dos cuestiones que la izquierda abertzale considera imprescindibles: la legalización de todas las organizaciones políticas y el respeto de todos los derechos de los presos y presas políticas vascas.
En ese sentido, aclararon que «aun estando injustamente relegados a una situación de anormal ilegalización», seguirán realizando, como lo han hecho hasta ahora, un trabajo político.
«Tenemos frente a frente una oportunidad histórica para superar el conflicto político de forma definitiva e integral, tanto en lo que se refiere a sus raíces políticas como a las consecuencias derivadas del mismo», dijo Ugarteburu, quien reiteró que en Euskal Herria sigue habiendo un conflicto «de carácter político que necesita de soluciones políticas» porque los estados español y francés «niegan el reconocimiento y el derecho a decidir».
Por ello, valoraron que el cierre del ciclo armado debe dar paso a la apertura de «un diálogo resolutivo en clave democrática, para el que todas las culturas políticas de este país son necesarias» y poder así abordar las «raíces» del conflicto.
«Lo que planteamos es que derechos democráticos internacionalmente reconocidos se puedan ejercer en libertad y con normalidad y, aunque, con sus matices, el actual debate acerca de la fecha para el referéndum de autodeterminación entre Escocia y Gran Bretaña debería de ser una referencia para Madrid y París», manifestó la representante de la izquierda abertzale. Ana ABARIZKETA
