El Gobierno de Patxi López aprobó ayer en Consejo de Gobierno las medidas de recorte de derechos sociales y laborales de los empleados públicos, que se añaden a la congelación salarial, ante la incapacidad de negociar un acuerdo en la Mesa de la Función Pública Vasca.

Se suspenderán las primas por jubilación voluntaria, los compromisos de los contratos de relevo y, entre otras medidas, los permisos horarios por razón de edad. A la vez se dejarán de abonar los complementos por las bajas por enfermedad.

Las centrales sindicales mostraron su más rotundo rechazo. ELA, LAB y STEE-EILAS, apoyados por ESK, se concentraron ante la sede del Gobierno de Lakua. Según las centrales, el 90% de la plantilla participó y ayer mismo anunciaron nuevas movilizaciones para el 26 de enero y el 9 de febrero.

Nada más conocerse la aprobación de las medidas de recorte, ELA afirmó que «el decretazo del Gabinete López supone el mayor ataque a los derechos de los trabajadores vascos realizado por un Gobierno vasco», mientras que LAB precisó que «confirman la posición de mano dura para reducir los servicios públicos y empeorar las condiciones de trabajo de los trabajadores dependientes de la Administración pública vasca y la sumisión a las directrices de Madrid y los intereses de los especuladores».

UGT, por otro lado, comienza hoy en Bilbo una campaña en defensa de lo público porque, según explicó, «los recortes son un retroceso en derechos y en creación de empleo. Defender los servicios públicos es defender el estado de bienestar».

Jornada laboral, en el aire

Un elemento polémico como es el posible incremento de la jornada laboral en el sector público quedó en el aire. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Gasteiz está a la espera de un dictamen legal sobre la obligación de aplicar el alargamiento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, como el Gobierno español ha decidido sin tener en cuenta acuerdos en materia de negociación colectiva de las administraciones autonómicas.

En caso de que el informe jurídico obligue a seguir los pasos de Madrid, la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, no quiso responder si seguirá la decisión del Gobierno del PP y aplicará el aumento de la jornada a los 67.000 empleados del sector público vasco, aunque sí lo ha hecho en materia salarial.

Ahorro ficticio

Con estos recortes sociales y laborales a los empleados públicos, el Gobierno de Gasteiz pretende ahorrar 95 millones. Sin embargo, el pasado 23 de diciembre se aprobaron los Presupuestos Generales para 2012 que contemplan una partida de 308 millones para el desarrollo de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).

En un momento de escasez de ingresos económicos, esta partida se incrementó en un 27% sobre el ejercicio pasado, lo que demuestra, a juicio de ELA, que detrás de estas decisiones de recorte hay «un ataque a los derechos laborales conquistados tras muchos años de lucha en la Administración vasca» y «pone de manifiesto la nula voluntad negociadora de este Gobierno, que durante este tiempo no ha mostrado ni el más mínimo respeto al colectivo de los trabajadores de la función pública».

Este sindicato confirma, por otro lado, que con estos recortes «se pretende castigar a los trabajadores del sector público» y, a la vez, «ser un ejemplo a seguir en la empresa privada, con el empobrecimiento de la clase trabajadora y el deterioro de los servicios públicos».

«Hacen caja a nuestra cuenta»

LAB incidió en este tema indicando que «es mentira que su preocupación sea la creación de empleo si todas las medidas que están tomando conducen precisamente a la destrucción de empleo público. Es mentira que traten de reducir el absentismo, lo único que pretende es anular conquistas sociales para hacer caja a nuestra costa».

También considera que «no llevan razón cuando dicen que defienden los servicios públicos y reducen el gasto social, las prestaciones sociales y los servicios sociales». Por eso, la central sindical añade que «el Gobierno de Gasteiz nunca ha tenido la más mínima intención de negociar nada, sino que ha sido una farsa para pretender justificar lo injustificable. Tal es así que no ha conseguido engañar ni a los más allegados».

Por otro lado, el parlamentario de Aralar Dani Maeztu rechazó de plano las decisiones que van «en contra de un servicio público de calidad» y criticó que se adoptan «en contra de todos los agentes sociales y sindicatos».