Nuestros familiares fueron asesinados o perdieron la vida por su compromiso con el pueblo en la lucha por la libertad nacional y social. Ese es el motivo principal de sus muertes, aunque en algunos casos la responsabilidad del Estado en estos crímenes se intente ocultar, tergiversar o desviar mediante invocaciones crueles a la «desaparición por causas desconocidas o ajuste de cuentas, el suicidio, la muerte voluntaria o a consecuencia de huidas o enfrentamiento».

Sin duda, respecto al conflicto, existen diversas interpretaciones y relatos que dependen de los puntos de vista de aquellos que los formulan, en consonancia con la existencia de una pluralidad de opiniones en nuestra sociedad. Pero por encima de esas opiniones existe una verdad universalmente formulada: el derecho de los pueblos y naciones a su autodeterminación e independencia y, por lo tanto, el derecho de Euskal Herria como nación a su disfrute. Y el conflicto tiene su origen y prolongación en la negación del Estado español a reconocer y respetar esos y otros derechos. No se trata, por consiguiente, de una parte de verdad o de una verdad incompleta, sino de una verdad plena e indivisible, y como tal los pueblos tienen la obligación de defenderla y los Estados de reconocerla. Desde luego, es materia de discusión el empleo de los instrumentos para conquistar esos derechos y ha habido dentro del propio movimiento de liberación opiniones en contra de la lucha armada por motivos políticos de eficacia o derivados de la moral dominante. Pero lo que es indiscutible es que nuestro familiares militaron y sacrificaron su vida por amor a esa verdad, en un contexto de opresión nacional y social que les hizo adoptar decisiones comprometidas y arriesgadas que nosotros como familiares y personas fieles a su mensaje tenemos que respetar.

Nuestros familiares son al mismo tiempo gudaris y represaliados. Sujetos activos por su vida militante y represaliados porque murieron de una forma cruel e injusta por la violencia del Estado, rechazada y castigada por sus propias leyes. Por eso, cuando reclamamos verdad, justicia y memoria, lo hacemos en un doble sentido:

Como gudaris. Aquí la verdad es la de su proyecto político liberador, la de su vida militante, la de sus sueños, aspiraciones, sentimientos y pensamientos, la de su compromiso colectivo e individual por una causa justa. La justicia es el camino que tuvieron que recorrer, por fidelidad a sí mismos y a su pueblo, en defensa de unas ideas de emancipación al mismo tiempo locales y de valor universal. La memoria es el recuerdo, que nuestro pueblo debe reponer, guardar y extender, tanto de su práctica militante como la de todos sus compañeros y demás patriotas que han luchado en diferentes campos por la libertad de Euskal Herria.

Como represaliados. Aquí la verdad reclamada es la derivada del esclarecimiento de las circunstancias que acompañaron a sus muertes, así como el conocimiento de la identidad de sus autores directos y la de los responsables políticos que las propiciaron. La justicia es la legal que corresponde a todo estado de derecho que se califique de democrático, lo que conlleva el reconocimiento del daño infligido, el juicio a los culpables y la reparación correspondiente. La memoria es el recordatorio permanente del fallecimiento de los seres queridos, el registro histórico de los sucesos luctuosos en que se vieron implicados y la posibilidad de rendirles homenaje público con dignidad, sin prohibiciones ni sanciones. En este sentido, consideramos imprescindible la creación de comisiones de la verdad, verdaderamente independientes, que ayuden al logro de los citados objetivos, pues un proceso de resolución de cualquier conflicto político tiene que venir acompañado de esos requisitos imprescindibles de verdad y justicia.

Nuestra contribución a un verdadero proceso de paz pasa por la defensa de nuestros allegados en su doble dimensión de gudaris y represaliados. Porque no se puede hablar de paz sin el reconocimiento y ejercicio de los derechos nacionales de nuestro pueblo, ni tampoco si las injusticias e ilegalidades cometidas con nuestros militantes y demás personas afectadas por la represión del Estado no son reconocidas y reparadas. Es necesario abordar simultáneamente estas dos dimensiones del conflicto nacional, si se pretende optar por una solución democrática que conduzca a una sociedad con justicia y sin violencia. Y los estados francés y español no van a dar ninguna facilidad. Estamos de acuerdo en que la convivencia solo puede venir del respeto al diferente y sus derechos, y también del respeto a la diferencia y a los derechos nacionales de nuestro pueblo sin los cuales los primeros no pueden existir.

(*) Además de Begoña Castillo, hermana de Mikel Castillo, Maria Jesus Salegi, madre de Josu Zabala «Basajaun», y Errose Erezuma, hermana de Jon Erezuma, firman este escrito Asun Alonso, viuda de Kepa Crespo, e Itziar Lizarralde, hermana de Jon Lizarralde