El Tribunal Supremo de Pakistán ha aumentado la presión sobre el Gobierno paquistaní, ya debilitado por varios escándalos y el ruido de sables, al acusar al primer ministro, Yousuf Raza Gilani, de «desacato al Tribunal» por no haber respetado sus sentencias y convocarlo para una audiencia jueves con el fin de que dé explicaciones.

El Tribunal acusa al primer ministro de frenar la reapertura de procesos judiciales por corrupción contra varios políticos, entre ellos el presidente del país, Asif Ali Zardari.

Los rumores de golpe de Estado que persistían hace varias semanas se había calmado durante el fin de semana, tras las entrevistas mantenidas entre el Gobierno y el jefe de Estado Mayor, general Ashfaq Kayani, considerado como el verdadero hombre fuerte del país.

Pero el Supremo ha puesto otra dificultad al jefe del Estado y a un gobierno impopular, acusados de corrupción, y cuya petición de ayuda a EEUU por un posible golpe de Estado les ha granjeado la hostilidad del Ejército.

En diciembre de 2009, el Tribunal Supremo había ordenado al Gobierno reabrir los procedimientos por corrupción contra varias personalidades políticas, en particular contra Zardari, por sus cuentas bancarias en Suiza.

De esta forma anulaba una amnistía para 8.000 personas pactada por el anterior jefe de Estado, general Pervez Musharraf, con la ex primera ministra Benazhir Butto y su marido -entonces en el exilio- que les permitió participar en las elecciones. Tras la muerte de su esposa en atentado, Zardari fue elegido presidente por el Parlamento. en diciembre del mismo año. Pero el Gobierno no llegó nunca a aplicar la decisión del Tribunal que anuló la amnistía y que habría abierto la puerta a una serie de juicios contra Zardari y numerosos políticos, tanto del Gobierno como de la oposición.

Voto de confianza

Ante el acoso de tribunales y cuarteles Gilani ha buscado refugio en el Parlamento, que ayer aprobó la declaración de apoyo a la democracia que el Gobierno había presentado. «Hoy es el mejor día para la democracia», dijo al hemiciclo el primer ministro. La resolución fue aprobada mediante el voto de voz, un procedimiento usado en los sistemas parlamentarios surasiáticos -herederos del británico- cuando la iniciativa no requiere más de una mayoría simple. Una abrumadora mayoría dijo «sí» cuando la presidenta de la Cámara preguntó a los diputados por su voto.

El Gobierno había presentado el pasado viernes el texto, pero ayer introdujo enmiendas para satisfacer a la oposición. Los cambios van dirigidos a subrayar el apoyo a la democracia y no al actual Gobierno, así como a recordar que la soberanía recae «tan solo» sobre Alá.

Pero los asuntos de corrupción son solo algunos de los elementos que debilitan al poder civil, que se enfrenta a una grave crisis económica y a una ola de atentados talibanes. También el escándalo «memogate» puede hacer caer al Ejecutivo, si no con un golpe de Estado sí con elecciones anticipadas. Se trata de la petición que el ex embajador paquistaní en Washington envió a Estados Unidos en mayo, poco después de que un comando especial estadounidense matara a Osama bin Laden en el norte de Pakistán. En él Islamabad pedía ayuda a EEUU ante el temor a un golpe de Estado. El Ejército, enfurecido, apeló entonces al Tribunal Supremo, que sospecha que el «memo» fue, si no escrito, solicitado por Zardari. La acusación es de «alta traición» porque además de prevenir el golpe de Estado, pide de Washington que participe en la vigilancia de su arsenal nuclear.