Rumanía es escenario en los últimos días de protestas que recuerdan a los estertores, hace 23 años, del régimen de Ceaucescu.

El detonante fue la amenaza de dimisión formulada por el subsecretario de Estado de Salud, Raed Arafat, como protesta por el proyecto de ley de prvatización de la salud y la introducción del copago sanitario.

Arafat, de origen palestino, fundó en su día, tras licenciarse como médico, un servicio de ambulancias (SMURD) que se implantó en todo el Estado.

Muy conocido y respetado por la población del país, Arafat protagonizó una dura polémica con el presidente rumano, Traian Basescu, por sus planes de introducir el copago sanitario -junto con el copago en dinero negro existente hoy en día en buena parte de Europa Oriental-, y de introducir la gestión privada en los hospitales públicos y de urgencias.

Esta privatización es parte de un programa de recortes impuesto por la UE y por el FMI a cambio de un préstamo llamado de «rescate».

La amenaza de dimisión provocó una ola de indignación popular y Basescu, quien no dudó en acusar desde la televisión a Arafat de «manipular a la población» se vio obligado el fin de semana a dar marcha atrás y congelar la medida.

Gesto tardío e insuficiente. Desde Targu-Mures, ciudad donde ejerce Arafat, hasta Bucarest, pasando por las ciudades de Cluj, Sibiu o Iasi y otras decenas de localidades, miles de personas han salido a la calle para mostrar su indignación por la degradación de las condiciones de vida y contra la clase política.

«El presidente se ha enfrentado a una persona que cuenta con el respeto de la población rumana y eso ha sido el detonante que ha sacado a la luz el descontento general en todos los niveles de la sociedad», explica el sociólogo Mircea Kivu.

El movimiento supera ya en espontaneidad y motivación a las protestas que tuvieron lugar en 2010 con motivo de las medidas de recorte iniciadas entonces por el gobierno de derecha.

Los manifestantes denuncian el descenso desde entonces del nivel de vida debido al recorte en un 25% en los salarios públicos y en las pensiones.

Un jubiliado que haya trabajado durante 37 años apenas recibe 160 euros al mes. El salario medio neto es de 350 euros.

«La paciencia de los ciudadanos tiene un límite», revela la politóloga e historiadora Ovidiu Pecican en el diario «Romania Libera», donde evoca la «amputación de la esperanza» desde 2008.

En primera fila del banquillo de los acusados, el Gobierno y, sobre todo el presidente Basescu, en el poder desde 2004 y cuya dimisión exigen los manifestantes. Sin embargo, estos últimos se muestan también muy críticos con la oposición socialdemócrata (PSD) y liberal (PND). «Los políticos de todos los partidos en Rumanía están implicados en estos sucios negocios», denuncia Isidor Anton, un fresador de 47 años de edad.

«Esto no iría mejor con la oposición actual en el poder. Hacen falta políticos nuevos, más honestos», coincide Sofía, una empleada de 49 años. «La gente protesta contra el establishment. Y no me extrañaría que comenzara a apoyar a partidos antisistema», augura Kivu.

Por de pronto, han vuelto a aparecer banderas rumanas con el círculo central cortado, como en la Revolución de Diciembre de 1989, y el grito de «Libertate» es el más coreado. Ya hay quien la ha bautizado como la «Revolución de las Tijeras».