NUEVO TIEMPO EN EUSKAL HERRIA
Ares adelanta que preparan más retiradas de escoltas
El consejero de Interior de Lakua explica que tras revocar la protección a los viceconsejeros se irá haciendo otro tanto con parlamentarios y concejales. Por contra, el ministro del Interior español usa las detenciones para intentar dejar alguna sombra de duda sobre la decisión histórica de ETA
R.S. | DONOSTIA
El Gobierno del PP parece querer aprovechar las detenciones de tres presuntos militantes de ETA cerca de París el sábado para intentar sembrar una cierta confusión sobre el final de la lucha armada decretado el 20 de octubre pasado. Sin embargo, esta tentativa quedó desacreditada ayer por dos vías. Por un lado, medios españoles con abundantes fuentes policiales como ``El País'' y ``El Correo Español'' indicaron que el material incautado a Jon Etxeberria, Iñigo Sancho y Rubén Rivero se usa habitualmente para fabricar carnés. Y por otro, el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, reveló que tras la retirada de escoltas a los viceconsejeros ahora se hará lo mismo con diferentes cargos electos.
Ya el domingo, un día después de la redada, Ares manifestó en la Cadena Ser que «ETA no ha desaparecido», pero que «todas las informaciones y datos que tenemos» indican que «no hay riesgos de que vuelva a la actividad terrorista».
En consecuencia, Lakua ha procedido a una retirada de escoltas para cargos como sus viceconsejeros, que desde el domingo no llevan protección. «Vamos a seguir ajustando las medidas», indicó Ares el sábado. Ayer, en otra entrevista radiofónica recogida por Radio Euskadi, saludó que los viceconsejeros han mejorado su calidad de vida con la retirada de escoltas y añadió que en los próximos meses se va hacer otro tanto con parlamentarios, alcaldes o concejales, en la medida en que se tiene claro que no es necesario que sigan con escolta.
Urkullu, también envuelto
Todo ello contrasta con la maniobra desatada por el Gobierno de Rajoy tras los arrestos del sábado. El Ministerio del Interior dijo en la nota emitida ese día que «tenían armas», algo que es práctica habitual en los militantes detenidos en el Estado francés y evita que sean entregados al Estado español de modo fulminante. Pero esa nota oficial añadió además que llevaban «material para fabricar explosivos». Y el titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, lo reiteró ayer.
Sin embargo, ``El País'' indicó en su edición de ayer que la resina de cristal tipo epoxy y circoflex, «de uso muy extendido, puede ser empleada en el proceso de fabricación de explosivos para sellar y aislar componentes, hacer moldes o también para falsificar documentos de identidad, según indica el Ministerio del Interior». Destaca que este último aspecto no constara en la nota de prensa.
``El Correo'', por su parte, añade que la tesis de que el material fuera para falsificar documentos se asienta en el hecho objetivo de que los detenidos llevaban «dos tarjetas de identificación de la Guardia Civil, dos DNI falsos, un teléfono móvil sin batería y dos placas de matrículas falsas».
Nada de ello se puede encontrar en las palabras del ministro de Interior, que, preguntado ayer por el alcance real de las detenciones, indicó que «no deja de ser significativo que fueran armados y que llevasen material para construir explosivos, y evidentemente la gente de bien no va armada por la calle ni lleva material de esas características. A partir de ahí, que cada uno saque sus consecuencias».
A todo esto, ni el director general de Policía ni el nuevo máximo responsable de este cuerpo en la CAV -ni tampoco el resto de dirigentes del PP- se mostraron preocupados por un hallazgo aparentemente tan relevante. Ignacio Cosidó acudió a Bilbo para apadrinar al nuevo jefe superior de Policía, Fernando Amo. Cosidó se limitó a indicar que «hoy estamos más cerca de alcanzar la victoria de la democracia» y Amo añadió la obvia constatación de que «ETA no se ha disuelto».
La ceremonia de la confusión pareció envolver al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que dijo a primera hora de la mañana en una entrevista a Onda Vasca que «es necesario que haya otros que se pronuncien en consecuencia a ese comunicado del 20 de octubre, sobre que efectivamente hay un cese de la violencia de manera definitiva».
Buscan la casa
Mientras, la Policía francesa busca desde ayer, entre las regiones de Borgoña e Ile-de-France, la casa en la que se alojaban los tres jóvenes vascos detenidos. Fuentes de la investigación indicaron a Efe que la vivienda podría estar en los alrededores de Joigny, a unos 150 kilómetros al sureste de París. Han pedido colaboración ciudadana.
Además, ayer trasladaron a París a los detenidos con vistas a su presentación ante la jueza Laurence Le Vert. La Subdirección Antiterrorista (SDAT) tiene 96 horas desde el arresto para interrogarlos antes pasar a disposición de la magistrada.
En Errekalde, 300 personas se concentraron ayer en apoyo a su vecino Iñigo Sancho, y en Balmaseda 110 en apoyo a Rubén Rivero, detenidos en Joigny.
La nota oficial del Ministerio situaba los materiales incautados como «para fabricar explosivos» y no indicaba en ningún momento que también se utilizan para falsificar DNI, como sí admitieron fuentes policiales a dos diarios.
Las juventudes de la UMP -el partido de Sarkozy- en Ipar Euskal Herria mostraron ayer su solidaridad con Aurore Martin, militante de Batasuna sobre la que pesa una euroorden emitida por el Estado español.
En un comunicado, los jóvenes de la UMP recordaron que Martin solo es una joven militante «comprometida». Sin embargo, como ellos recordaron, ahora «es perseguida por una euroorden y corre el riesgo de ser condenada a doce años de prisión por defender sus ideas políticas en el seno de Batasuna», legal en el estado francés.
«Esta situación es inaceptable, ya que Aurore Martin debe poder asumir sus ideas sin ningún temor», concluyeron. GARA
La Audiencia Nacional ha condenado a penas cercanas a entre seis años y seis años y medio a seis jóvenes de la comarca guipuzcoana de Oarsoaldea por su trabajo político en Segi. El tribunal de excepción español ha absuelto a los otros once encausados en el mismo sumario.
Siguiendo la línea mantenida en los sucesivos juicios contra jóvenes independentistas vascos, considera a los seis encausados culpables de «integración en organización terrorista» por su trabajo político en Segi organización que la sentencia considera «diseñada, coordinada, graduada y controlada» por la organización armada ETA.
Los seis condenados son Xabier Lujanbio, a seis años y medio, Maitane Linazasoro, a seis años y tres meses, y Iosu Arruabarrena, Aitor Alberdi, Aitor Franco y Arkaitz Antza, en este caso a una pena de seis años.
Por contra, han sido absueltos otros once jóvenes detenidos por la misma razón. Se trata de Imanol Sagarzazu, Haizea Iriarte, Beñat Burlada, Alexander Etxeberria, Egoitz Urbe, Hodeiertz Urain, Alain Luna, Iker Zabala, Oinatz Arbelaiz, Oihana Mujika y Gaizka Ibeas, que son considerados por la Audiencia Nacional como no culpables bien por «únicamente ser simpatizantes de la izquierda radical» o por que «siendo miembros reconocidos de Segi, no han cometido delito punible».
Diez de estos jóvenes fueron detenidos en abril de 2008 por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, y denunciaron torturas por parte de la Guardia Civil durante el periodo de incomunicación. Otros siete fueron detenidos en julio del pasado año, cuando se dirigían a los juzgados de Donostia.
Desde el momento mismo de su detención, una ola de solidaridad para con los encausados recorrió Euskal Herria, con multitud de actos, protestas y manifestaciones, especialmente en la comarca de Oiarsoaldea, de donde eran los acusados. Este apoyo, además, llegó desde los ámbitos más plurales, desde organizaciones políticas, como la izquierda abertzale, EA o Aralar, hasta sindicatos como LAB pasando por plataformas pro-derechos civiles como Eleak.
Uno de los episodios más emotivos alrededor de este macrojuicio se produjo el pasado 18 de Julio, en Orereta, después de que tres de los acusados por Grande-Marlaska -Egoitz Urbe, Iker Zabala y Oihana Mujika- se negaran a acudir a la Audiencia Nacional para comparecer en el juicio.
Aquel día, tras una comida popular en su apoyo, la Ertzaintza intentó detenerlos para trasladarlos a Madrid. Sin embargo, los acusados consiguieron subir al techo de un kiosko, evitando así su arresto, mientras decenas de personas les mostraban su apoyo. Finalmente fueron capturados y llevados a prisión. Los tres han sido absueltos.
La izquierda abertzale denunció la sentencia en una nota que subraya que «el fin de los juicios y de las sentencias políticas es un elemento imprescindible para avanzar en el proceso de normalización política y democrática». Mikel PASTOR
