Las riadas del pasado mes de noviembre en la cuenca baja del Urumea arrastraron consigo no solo los bienes de numerosos habitantes del entorno, sino también parte del Estado y su Derecho, todavía por restaurar. Porque una de las premisas de legitimidad de todo estado es la capacidad para garantizar la supervivencia de sus ciudadanos y la custodia de sus bienes, entre ellos también el entorno natural que hemos heredado. Y el entramado institucional que llamamos Comunidad Autónoma Vasca, por inoperancia, negligencia y descoordinación, se ha demostrado impotente e incapaz para salvaguardar esos derechos civiles más elementales.

El dato más lacerante y significativo es que el actual Gobierno Vasco tenía en sus manos desde el día de la toma de su posesión los informes que certifican el carácter cíclico de las inundaciones en la zona y, a su vez, los paquetes de medidas de ingeniería civil realizados por instituciones públicas para minimizar y reducir el impacto de las riadas en las zonas habitadas. Sin embargo, en la etapa final de su legislatura este Gobierno ni ha hecho nada ni ha presupuestado nada para adoptar las medidas correctoras necesarias.

El director general de la Agencia Vasca del Agua, D. Iñaki Urrizalki, se manifiesta «convencido de que vamos por el buen camino». En este mismo diario, nos hacía una exposición sumamente lógica de su posición, dado que la Directiva europea de 2.007 sobre evaluación del riesgo ha sido aprobada ya, para 2013 se realizarán los mapas de riesgo y para 2015 se tienen que aprobar los planes de gestión. Lo incoherente es que el mapa de las zonas sistemáticamente inundadas del Urumea lo conocemos pormenorizadamente hace décadas y que los planes de intervención proyectados por su Agencia los declararon de urgente realización en informe emitido al Gobierno Vasco en 2008, sin haberse todavía iniciado.

Todos conocemos el área de riesgo y reconocemos la necesidad de dotar a los ríos y estuarios de su necesario espacio de expansión, aspectos recogidos en el Plan Territorial Parcial, pero ante la voracidad urbanizadora de los municipios y el tremendo impacto de las nuevas infraestructuras sobre el mismo cauce, no hemos conocido un solo informe de la Agencia que limitara la invasión del valle por el asfalto y el hormigón.

Nos habla el Sr. Urrizalki, cuya Agencia depende directamente de la Consejería de Medio Ambiente, de profundizar en la atención a las emergencias y generar sistemas de ayuda para la toma de decisiones en tiempo real. Ello nos congratula, porque es diferente de lo expresado por el consejero de Interior, Sr. Ares, culpabilizando a las víctimas en el sentido de que la falta de atención a las alertas por parte de «algunos vecinos» fue lo que provocó el aumento de los daños, cuando la realidad es que el 6 de noviembre la alerta roja no se puso en marcha y que, a fin de cuentas, por mucho que colabore el vecindario, nunca podremos trasladar nuestras viviendas o talleres cuando llegan las riadas.

Nos avisa asimismo el director de URA de que, según sus previsiones realistas, tardaremos al menos diez años en llevar a cabo los primeros proyectos. Pero en diez años sabemos todos que habrá de nuevo inundaciones, unas de menor impacto y otras graves. Eso equivale a una condena a resolver en cada cocina un triste dilema: ¿emigramos del valle o esperamos a la próxima?

Hace escasas semanas hemos recibido en la asociación de vecinos Sarroeta de Martutene la respuesta a la solicitud por la que antes de las inundaciones habíamos requerido a la Agencia que realizase las labores necesarias de limpieza del río, medida preventiva simple pero eficaz para reducir el impacto de los desbordamientos y que llevaba varios años sin hacerse. Nos comunicaron que el Servicio Provincial de Costas en Gipuzkoa, en virtud de la Ley 22/1988 de Costas, denuncia y ordena a la propia Agencia a detener las tareas de limpieza iniciadas en el mes de abril por no ser de su competencia. ¿Serán capaces las instituciones implicadas de comenzar a coordinarse o los diez años de espera que el Sr. Urrizalki nos solicita les resultarán insuficientes?

La última riada que comentamos alcanzó en Martutene un metro sesenta de altura en el entorno de la escuela primaria infantil en menos de una hora y en horario escolar. Muchos somos los que aun damos gracias a Dios, o a la buena suerte, de que ese suceso ocurriera en domingo, cuando los niños no estaban en el centro escolar. ¿Os imagináis el panorama de andereños y familiares intentando rescatarlos de las aguas cuando el torrente tenía fuerza suficiente para arrastrar y volcar, como hizo, las zodiac de rescate? A los vecinos de la cuenca baja del Urumea no se nos puede pedir más paciencia. Exigimos a los poderes públicos que todas las medidas previstas y necesarias se ejecuten, y que se ejecuten ya.

Nuestra voluntad expresa y prioritaria no es otra que contribuir con las instituciones competentes en la búsqueda de soluciones reales y eficaces. Pero con la exigencia clara de que las administraciones competentes pongan de su parte el empeño y los presupuestos necesarios para que estas soluciones sean realizadas de forma inmediata.