Denuncian tortura generalizada y hasta la muerte en la «nueva» Libia
Organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos denuncian la práctica generalizada de la tortura, muchas veces hasta la muerte, a los gadafistas detenidos por fuerzas leales al nuevo régimen de Libia, una cuestión sobre la que la ONU expresó su «preocupación». MSF considera «inaceptable» que se le pida tratar a torturados para seguir interrogándolos y anuncia que cesa su actividad en las cárceles de Misrata.
GARA |
Amnistía Internacional (AI) y Médicos Sin Fronteras (MSF) denunciaron ayer la práctica generalizada de la tortura en los centros de detención de Trípoli y Misrata, y sus alrededores, así como la denegación de atención médica urgente, lo que ha llevado a MSF a suspender su actividad en las prisiones de Misrata.
«Varios detenidos han muerto bajo custodia de las milicias armadas en los alrededores de Trípoli y Misrata, en circunstancias que sugieren la práctica de torturas», señaló AI en un comunicado. Una práctica atribuíble no solo a esas milicias armadas leales al nuevo régimen, que operan «al margen de todo marco legal», sino también a militares oficialmente reconocidos y a organismos de seguridad.
AI aseguró haber mantenido en las últimas semanas y días encuentros con prisioneros en Trípoli, Misrata e Gharyan que tenían marcas visibles de tortura, sobre todo heridas en la cabeza, piernas y espalda.
Algunos refirieron a AI haber permanecido colgados y haber sido «golpeados durante horas con látigos, cuerdas, tubos de plástico, cadenas, barras de hierro y palos de madera, y haber recibido descargas eléctricas».
MSF deja Misrata
En respuesta a la tortura en centros de detención de Misrata, MSF ha decidido cesar su actividad allí. Desde agosto pasado, cuando inició su labor se ha encontrado «cada vez con más pacientes con lesiones por torturas en los interrogatorios» aunque en principio su labor debía limitarse a ocuparse de los heridos de guerra presos y a prisioneros enfermos y no a tratar «repetidamente a los mismos pacientes entre sesiones de tortura».
En total, MSF trató a 115 personas con heridas causadas por torturas y aunque trasladó esos casos a la autoridad competente no ha habido respuesta, indicó en un comunicado.
Señaló que algunos oficiales intentaron obstruir su trabajo y consideró «inaceptable» que muchos pacientes fueran llevados a los servicios médicos «en medio de un interrogatorio para que pudiesen soportar otros posteriores».
MSF denunció también que su petición de que algunos fueran trasladados a hospitales para recibir «atención especializada urgente» fue denegada y que tras enviar, el 9 de enero, una carta al Consejo Militar de Misrata, el Comité de Seguridad de Misrata, al Servicio de Seguridad del Ejército Nacional -responsable de los interrogatorios- y al Consejo Civil de Misrata pidiendo el «cese inmediato» de cualquier maltrato a los detenidos, su equipo médico recibió cuatro nuevos casos.
El miércoles, Naciones Unidas expresó su «preocupación» por las acciones de las «brigadas revolucionarias», acusadas de mantener a miles de personas en cárceles secretas, muchos de ellos subsaharianos a los que se acusa de «mercenarios» y de emplear la tortura. «Todos los centros de detención deben estar bajo el control» del Gobierno del Consejo Nacional de Transición (CNT). El ministro libio de Justicia, Ali H'mida Ashur, señaló a AFP que las nuevas autoridades han formado un comité para tomar el control y rehabilitar las prisiones de todo el país, pero ni negó ni confirmó las acusaciones de empleo de la tortura. «Si las quejas son recibidas por el Fiscalía General o Militar, se iniciarán los procesos legales», afirmó sin precisar más.
AI criticó que el nuevo régimen haya prometido tomar el control de todos los centros de detención, pero lamentó que no haya habido avances para poner fin a esa lacra y «no se ha realizado ninguna investigación seria sobre los casos de tortura».
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dejó claro ayer que la Alianza no tiene intención de regresar a Libia tras los recientes combates en Bani Walid que acabaron con la pérdida del control sobre la ciudad de las fuerzas leales al Consejo Nacional de Transición (CNT). «Nuestra misión ha terminado», zanjó el danés.
Dos activistas vascos, Ismael Ortega e Inaxio Menjon, fueron absueltos ayer, a petición de la Fiscalía, de una falta contra el orden público por haber acusado al PNV de apoyar la guerra en Libia mediante una acción en Sabin Etxea, según informaron en una nota KEM-MOC, Kakitzat, Ekologistak Martxan, Sare Antifaxista y Komite Internazionalistak. Una vez cerrada la vía penal, se abre ahora la vía administrativa contra ellos.
El 16 de abril de 2011 escalaron la fachada de la sede central del PNV, en Bilbo, para colocar una pancarta con el lema «EAJ-PNV: Sí a la guerra. Gerra inperialistarik ez» y permanecieron colgados hasta que fueron bajados por los bomberos, a petición de la Ertzaintza. El PNV había apoyado en el Congreso de Madrid la participación del Estado español en la guerra en Libia.
Los cinco colectivos vascos denuncian la apuesta bélica como «una parte más de la protección de determinados intereses económicos» y como fórmula para resolver un conflicto cuyas consecuencias sufre la población civil, así como «el papel previo jugado por los estados agresores que se lucraron con el comercio de armas con Libia».
Además, critican una «agresión imperialista» que solo busca «la dominación de los pueblos para conseguir recursos que sirvan para mantener un sistema de consumo irresponsable». GARA
