SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO
Condena a París por tardar seis años en juzgar a cinco militantes vascos
El Tribunal de Estrasburgo dio por buena ayer la demanda de cinco militantes vascos contra el Estado francés por «dilación no razonable» en juzgarlos -seis años- y por mantenerles en prisión preventiva durante todo ese tiempo. La Corte de Derechos Humanos considera que la Justicia francesa vulneró el artículo 5-3 del Convenio europeo. La sentencia, que puede ser recurrida en el plazo de tres meses, es una primicia en el caso de militantes relacionados con ETA.
Arantxa MANTEROLA | BAIONA
La Corte Europea de Derechos Humanos condenó ayer al Estado francés a resarcir a Ismael Berasategi, Lorentxa Guimon, Kandiko Sagarzazu, Iñaki Esparza e Inocente Soria con 5.000 euros por daños y perjuicios más otros 2.000 euros por costas de procedimiento a cada uno de ellos por excederse en la duración de la prisión preventiva de cinco militantes vascos y «por no haberles juzgado en un plazo razonable»
La instrucción del sumario en el que fueron juzgados y condenados los cinco militantes comenzó con la detención de Berasategi el 24 de enero de 2003 y se cerró justo cuatro años más tarde, agotando así el máximo plazo permitido por la ley francesa para instruir un sumario en las jurisdicciones especiales.
El juicio se celebró el 9 de diciembre de 2008 en el Tribunal de París, prácticamente seis años más tarde en el caso de Berasategi y algo menos para los otros cuatro militantes cuyos casos fueron incorporándose al sumario entre 2003 y 2004 a medida que fueron detenidos.
A pesar de que el procedimiento respetó los plazos establecidos -cuatro años para la instrucción y dos máximo tras su cierre para la celebración del juicio- los demandantes presentaron denuncia en mayo de 2009, invocando la vulneración del artículo 5, párrafo 3, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho artículo establece el derecho de toda persona a ser juzgada en un espacio de tiempo razonable.
No justificado
La Corte ha estimado que el periodo en el que fueron mantenidos en prisión provisional no se justifica con los argumentos aducidos por el Estado francés. Sí acepta algunos como la gravedad de los hechos imputados, la complejidad de la instruccion o el riesgo de huida.
Sin embargo, considera que en el procedimiento hubo un periodo de inactividad imputable a las autoridades judiciales, en concreto, el que se extendió desde el cierre de la instrucción y el correspondiente traspaso al tribunal y la fecha del juicio. En ese espacio de tiempo, la prisión preventiva les fue prorrogada «a causa de la carga de trabajo de la corte especial» que dirime los casos de «terrorismo».
El Tribunal de Estrasburgo entiende que no es una justificación suficiente ya que «incumbe a los Estados organizar sus sistemas judiciales de modo que permita a sus tribunales responder a a las exigencias del art. 5 del Convenio» que regula el derecho a la libertad y a la seguridad.
En consecuencia, establece que en el caso de los cinco militantes, la Justicia francesa no actuó con la «necesaria celeridad» por lo que ha vulnerado el citado artículo. La sentencia no es firme y cabe recurso ante la Gran Cámara de la Corte en el plazo de tres meses.
Sin incidencia directa
Sea como fuere, la decisión de Estrasburgo no tendrá una incidencia directa en la situación de Berasategi, Guimon, Sagarzazu, Esparza y Soria ya que todos ellos están cumpliendo condena, salvo el último que fue liberado en abril de 2011.
No obstante, según apuntó la abogada Amaia Rekarte, que ha tramitado el caso ante la Corte Europea, «el hecho de que el Estado francés sea condenado tiene una significación simbólica importante porque supone una mancha en su ambición de honorabilidad y respetabilidad que vende en Europa».
A efectos prácticos, esta sentencia debería influir para que no se produzca la demora excesiva en otros casos. El jurista Didier Rouget recordó que «el Comité de Ministros del Consejo de Europa debe velar para que los Estados cumplan lo decidido por la Corte pero también es de su incumbencia incitarles a que no repitan la infracción en otros casos».
Sin embargo, no es la primera vez que París es condenado por asuntos similares aunque es una primicia en el caso de militantes vascos relacionados con ETA. Otras tres demandas de los militantes de Iparretarrak Filipe Bidart, Gabi Mouesca y Ttotte Etxebeste por la dilación de 17 años en la celebración del juicio por los hechos de Leon (Landas) ya fueron aceptadas en Estrasburgo.
Para Rekarte, mantener a los presos vascos tanto tiempo en prisión provisional es «vergonzoso» y evidencia «lo poco que les importa a algunos jueces la dignidad de las personas». Además, les obliga a vivir en unas condiciones más difíciles porque, habitualmente, durante la prisión preventiva están en maison d'arrêt y no en centros penitenciarios más adaptados a encarcelamientos prolongados.
La Corte europea estima que el argumento de la carga de trabajo del tribunal especial encargado de juzgar a los militantes vascos no es una justificación, ya que «incumbe a los Estados organizar sus sistemas judiciales» de modo que no se vulneren los derechos.
Los casos de Berasategi, Guimon, Sagarzazu, Esparza y Soria son los primeros relacionados con militantes de ETA en ser tratados en Estrasburgo. Sin embargo, hay otras denuncias en curso ya que, en los últimos años, la práctica de la dilación es habitual.
Además de en otros casos, París ya ha sido condenado con anterioridad en el de tres militantes de IK. Gabi Mouesca, Filipe Bidarte y Ttotte Etxebeste demandaron al Estado por haber tardado 17 años en celebrar el juicio por los hechos de Leon .
El Ararteko ha solicitado públicamente el acercamiento de los presos vascos a «cárceles próximas a sus lugares de origen», así como la aplicación a éstos del «régimen general de cumplimiento de las penas. En concreto, en lo relativo a la concesión del régimen de tercer grado, a la redención de las penas y a la excarcelación de los internos que hayan cumplido la parte de su condena necesaria para acceder a la libertad condicional, o que padezcan enfermedades graves».
En un artículo remitido a todos los medios de comunicación y que encontrarán reproducido íntegramente en la sección Iritzia, el Ararteko, Iñigo Lamarca, evidencia que el tratamiento penitenciario a los presos ha estado «determinado y condicionado» por «la lucha antiterrorista», lo que ha dado lugar a la «dispersión» y al «uso excesivo de la prisión provisional, las limitaciones en el acceso a permisos, a la clasificación penitenciaria en tercer grado y a la libertad condicional, o la aplicación retroactiva de interpretaciones restrictivas de la ley en el cómputo de la pena».
Tras admitir la excepcionalidad del tratamiento al que son sometidos los presos políticos, el Ararteko concluye su escrito señalando que «desde una óptica suprapartidista y de defensa de esos valores democráticos, es hora de que el Estado democrático de Derecho haga valer su superioridad moral y aplique a los presos de ETA el ordenamiento jurídico-constitucional prescindiendo de las normas y pautas interpretativas especiales ligadas a la lucha antiterrorista».
Iñigo Lamarca decidió hacer públicas su posiciones en materia penitenciaria la víspera de que el lehendakari, Patxi López, sea recibido hoy en la Moncloa por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. López acude a la cita con el objetivo de «colaborar juntos en el cierre definitivo del ciclo del terrorismo en Euskadi, para consolidar la libertad y la convivencia». El lehendakari trasladará a Rajoy «la filosofía y los puntos» que anunció en el Pleno de Política General, «adaptados a la nueva situación» de cese definitivo de la lucha armada, según señala Ajuria Enea. Moncloa ya ha avanzado su no. I.IRIONDO
En un receso de la reunión de ministros de Interior de ayer en Copenhague, Jorge Fernández Díaz afirmó que «Francia tiene su propia legislación y nosotros la nuestra» en relación a la decisión adoptada el martes por la Asamblea Nacional en relación con el acercamiento de los presos condenados.
El ministro de Interior español recordó, sin embargo, las palabras del presidente francés, Nicolas Sarkozy, en su última visita al Estado español en el sentido de que en el ámbito de «la cooperación con Francia, no hay Pirineos».
También aseguró que la que no deja a los presos acogerse a los «generosísimos» beneficios penitenciarios del sistema español, «es la propia ETA» por lo que «es el mayor enemigo de los presos».
Refiriéndose al encuentro que mantendrá hoy en Madrid Patxi López con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en el que el lehendakari tiene previsto solicitarle cambios en la política penitenciaria, Fernández Díaz añadió que «la última palabra la tiene el presidente» e insistió en que la legislación penitenciaria española es «generosísima». GARA
El Pleno municipal de Bilbo aprobó ayer una enmienda de modificación del PNV a una moción previa de Bildu -en la que se instaba al Consistorio a que se sumara a la demanda de cambio de política penitenciaria- en la que se defiende el derecho de los presos políticos vascos «a cumplir sus penas cerca de sus entornos familiares y a acceder a los tratamientos penitenciarios a los que tengan derecho legalmente».
El debate fue utilizado por el alcalde, Iñaki Azkuna, para emplazar a la izquierda abertzale a realizar «un relato veraz de por qué y para qué ETA mató a 857 personas». La corporativa de Bildu Helena Gartzia le respondió que la izquierda abertzale «está dando pasos importantes y hay que apoyarles para que den más».
El primer edil, cómodo en este tipo de discusiones que acaparan el interés mediático, evitó sumar sus votos a los de Bildu en una reivindicación mayoritaria de la sociedad vasca y escoró el debate a la petición de la «definitiva desaparición de ETA» y a declarar la «total inutilidad» de la lucha armada. La enmienda contó con el respaldo de los 15 ediles jeltzales y los 4 del PSE, mientras los 6 del PP se abstenían y los 4 de Bildu lo hacían en contra.
En Galdakao, por la tarde, el Pleno municipal refrendó con los apoyos de los concejales del PNV, Bildu, IU-Galdakaoko Bizirik y Usansolo Herria una declaración institucional en favor de la libertad del preso Txus Martín, gravemente enfermo. El salón de plenos repleto de público aplaudió la intervención de la portavoz de Bildu, Bakarne Begoña, que explicó que cinco años de aislamiento y la desasistencia médica son las causas de la enfermedad del represaliado.
En Donostia hubo otra iniciativa. Con el proceso en marcha, las detenciones por llevar a cabo una labor política siguen sucediéndose en Euskal Herria. En algunos casos, como en el de Aurore Martin, Ekaitz Samaniego u Oihana Agirre, la solidaridad de las y los vecinos se ha multiplicado hasta contruir a su alrededor un muro popular.
«Sabedores de que en Donostia pasen casos similares», STEEE-EILAS, LAB, EHNE, Gazte Independentistak, Aralar, izquierda abertzale, EA y Alternatiba llamaron a que los donostiarras respondan de manera unida «contra estos atropellos». Tal y como adelantaron ayer, próximamente presentarán la dinámica que diga «stop a la represión por los derechos civiles y políticos».
En el capítulo de movilizaciones por los presos, ayer lo hicieron 50 personas en Alde Zaharra de Iruñea, Txantrea 63, Arrosadia 21, Donibane 55 e Iturrama 61, así como 80 en Eibar y 25 en Antsoain. GARA
