El pasado martes fue un día excepcional. El conflicto vasco y una de sus consecuencias más sangrantes -la situación de los presos- estuvieron presentes en las dos cámaras parlamentarias del Estado francés a través de la pregunta oral presentada por el senador Jean-Jacques Lasserre (MoDem) y de la insólita intervención del diputado Jean Grenet con motivo de la votación de la ley que regula el cumplimiento de las condenas de los presos en centros próximos a sus domicilios.

Lasserre, que deseaba saber qué contempla hacer el Gobierno francés para favorecer el proceso de resolución, se quedó con las ganas, ya que el secretario de Estado, Edouard Courtial, se encastilló en el discurso habitual, alineándose totalmente con la postura y hasta el mensaje del Gobierno del PP («la colaboración antiterrorista entre los Estados es total», «ETA sigue activa»...). El senador centrista insistió en su pregunta pero no obtuvo respuesta, lo que no fue óbice para que reiterara su disposición a seguir interpelando al Gobierno «porque estamos en una nueva etapa y hay que recorrer el camino de la paz».

Grenet, por su parte, votaba una ley que permite acercar a los presos condenados a sus casas. Sin menospreciar la relevancia de que la posibilidad de trasladarlos a sus lugares de origen se recoja en la ley, conviene pararse en el texto aprobado, que ha sido muy rebajado respecto al inicial. Además, deja abierta la puerta a interpretaciones sobre la conveniencia de aplicarla en determinados casos, lo que deja terreno abierto a mantener la excepcionalidad hacia los presos vascos.

La redacción que se sometió a voto recibió el visto bueno de casi toda la Asamblea salvo la de los comunistas, que se abstuvieron porque había perdido el espíritu con el que se inició el trámite legal. Precisamente, Nicole Borvo Cohen-Seat, presidenta del grupo de izquierda (FG), presentó en septiembre una proposición en el Senado que va más lejos, ya que plantea como obligatorio que los presos cumplan condena cerca de sus casas y, en caso de que tal condición no se respete, impone al Estado asumir los gastos de los viajes de las familias. Como aún no ha sido incluida en el orden del día, la senadora la ha integrado como enmienda en el proyecto de ley sobre ejecución de penas que se debatirá el martes.

Pero más allá de la efectividad o no de la ley aprobada en primera instancia, cuya aplicación dependerá al final de la voluntad de los gobernantes, la propia intervención de Grenet fue en sí una novedad. El diputado del PRV (miembro de la UMP) y alcalde de Baiona nunca antes se había pronunciado con tanta claridad y contundencia sobre la situación de los presos vascos. No se limitó a hacerlo desde un plano humanitario o de derecho,s sino que añadió el aspecto político del momento actual e instó al Estado a mover ficha para consolidar las perspectivas de paz. Junto a ello, Grenet se lanzó a pedir que la Justicia abandone «ciertos procedimientos de extradición que ya no tienen razón de existir» y citó el caso de Aurore Martin.

Evidentemente, la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas habrá tenido que ver en ese repentino cambio del diputado conservador, aunque todavía no ha anunciado si se presenta o no. Pero no es menos cierto que la presión social ejercida en los últimos meses por colectivos antirrepresivos y diversos agentes sociales y políticos está influyendo cada vez más también en las posiciones de los electos vascos.

Con estas declaraciones de Grenet y los posicionamientos ya conocidos de los centristas Lasserre y Jean Lassalle y de la socialista Frédérique Espagnac, parece que la mayoría de los electos de nivel estatal de Ipar Euskal Herria (tres senadores y tres diputados) están en la misma onda de ayudar el proceso de resolución, por supuesto con todos los matices respecto a la motivación e implicación real de cada cual. Quedan los irreductibles Georges Labazée (PS) y Michèle Alliot-Marie (UMP).

Evidentemente, no será fácil hacer cambiar de estrategia a París, que, a pesar de pequeños avances legislativos, sigue en sus trece, como emuestran las últimas detenciones de militantes vascos o las condenas infligidas por el Tribunal de Derechos Humanos por no respetar los derechos de los presos. Pero son pasos en el buen camino.