Unas declaraciones de la portavoz foral y diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, en las que denunciaba sendos desfases de 92 y 155 millones de euros en el Segundo Cinturón de Donostia y la Eibar-Gasteiz, respectivamente, han provocado una airada reacción del PNV, con petición de dimisión y amenaza de acudir a los tribunales incluidas.

Puede estar tranquilo el lector, que no tenemos la menor intención de terciar en rifirrafes entre partidos, pero tampoco queremos desaprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para insistir en una cuestión sobre la que nosotros y, por supuesto, otros muchos venimos clamando desde hace años, sin que nuestras voces hayan tenido hasta ahora el menor eco en el desierto institucional. Esa cuestión es la absoluta insostenibilidad de la política de grandes infraestructuras viarias (y no viarias) que se ha desarrollado en Gipuzkoa o, mejor, también en Gipuzkoa. Una política insostenible por supuesto desde el punto de vista ambiental, pero también, tal y como está quedando especialmente de manifiesto ahora, en época de vacas flacas, desde el económico. Baste pensar que la Diputación debe afrontar la deuda de 900 millones de euros contraida por Bidegi, una deuda a la que, lógicamente, de una forma u otra, terminaremos teniendo que hacer frente una vez más «entre todos».

La red guipuzcoana de carreteras está sobredimensionada, tanto desde el punto de vista de las necesidades de tráfico como de la capacidad para financiarla. Quizá el paradigma más evidente de ese sobredimensionamiento es la Eibar-Gasteiz.

En 1997, Eguzki, entre las alegaciones que presentó a este proyecto, advertía que la Intensidad Media Diaria del tránsito de vehículos en varios tramos de la zona afectada no justificaba ni de lejos la construcción de una autopista de tal capacidad y que, por tanto, esta no respondía a las necesidades reales del valle del Deba, sino quizá al afán de desviar a través de ella otros tráficos. Esta alegación, como otras 1.300 presentadas por numerosas entidades ciudadanas, nunca fue contestada, pero está claro que no iba descaminada, y así lo reconoció más explícita que implícitamente Eneko Goia, diputado de Carreteras en la pasada legislatura, cuando, para defender la implantación del peaje en Etxegarate, hizo la siguiente pregunta retórica: «¿Vamos a seguir teniendo la AP-1 (Eibar- Gasteiz) infrautilizada, mientras continúan los problemas en una N-1 saturada?». En otras palabras, con el peaje de la Eibar-Gasteiz no se recauda tanto como se esperaba, porque se sobreestimó la demanda. Pero es que, además, como sabemos ahora, los costes de construcción de la autopista se subestimaron, y de qué manera. Los ciudadanos estamos acostumbrados a que en las obras públicas, como muchas veces ocurre en las de nuestras casas, haya un cierto desfase, pero es que en alguno de los tramos de la Eibar-Gasteiz ese desfase alcanza nada menos que el 36% del presupuesto. Dice el PNV que esos sobrecostes quedaron en su día perfectamente justificados en el consejo de Bidegi. ¡Pues sólo faltaba que encima no lo estuviesen!

¿Malversación? Para hacer una acusación de ese tipo hay que disponer de una información que a nosotros nos está vedada. Pero lo que es evidente es que el negocio de esta política insostenible, consistente en construir con dinero público inmensas infraestructuras de hormigón y asfalto, ya sean carreteras, el TAV o el superpuerto de Pasaia, lo han hecho las grandes empresas del sector, hasta el punto de que en alguna ocasión nos hemos preguntado con toda legitimidad si eran los políticos gestores de las instituciones quienes subcontrataban las obras o eran esas grandes empresas las que subcontrataban a los políticos gestores de las instituciones.

Precisamente para reivindicar que esta política en torno a las grandes infraestructuras cambie de forma radical, diversas organizaciones hemos convocado una manifestación en Donostia para el próximo día 4.

Dicen que cuando el dedo señala a la Luna, los necios miran al dedo. Algunos, con declaraciones solemnes y rasgado de vestiduras, esperan que seamos lo suficientemente necios como para mirar el dedo, cuando en este caso este está apuntando a una política de infraestructuras desde todo punto de vista insostenible.