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La absolucíon de Camps multiplica los interrogantes sobre el futuro político del País Valencià

Un jurado popular declaró «no culpable» a Francisco Camps, en el «caso de los trajes». Al final, las deliberaciones han reflejado un estado de opinión. El futuro del expresident marcará la evolución política del PP, que gobierna el País Valencià con mayoría absoluta.

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Alberto PRADILLA

Va bien, va bien», musitó Francisco Camps, expresidente valenciano, instantes antes de que el portavoz del jurado popular emitiese el veredicto que le declaraba «no culpable» por el «caso de los trajes». Quizás las palabras del llamado «molt honorable» solo buscaban representar una imagen de cara a la galería. En círculos periodísticos daban por hecho que la cúpula del PP en el País Valencià conocía la absolución de Camps 24 horas antes de que esta se hiciese pública. Tampoco pilló a nadie por sorpresa que el expresident saliese impune de la pieza separada del sumario Gürtel, que investiga la financiación ilegal del PP. Aunque ahora, con la exoneración del antiguo líder de la lista con más imputados por metro cuadrado, el País Valencià se enfrenta a una situación compleja. Por una parte, están las lógicas dudas sembradas por el jurado y la incertidumbre sobre un posible recurso que recaería sobre el Tribunal Supremo español. Por otra, hay que ver qué hará el propio Camps, que dimitió de su cargo como president forzado por Mariano Rajoy pero que podría exigir un «y qué hay de lo mío» tras recibir el aval de la justicia. Finalmente, habrá que analizar las «consecuencias para la vida política» de la comunidad sobre las que alerta José Antonio Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I y autor del libro «El secuestro de la democracia».

«El jurado refleja parte del estado de opinión en el país valenciano», lamenta Piqueras. No se puede obviar que el hecho de que el caso fuese juzgado a través de un jurado ha favorecido a Camps y a Ricardo Costa, su antiguo número dos. Los conserdavores han arrasado en sucesivas citas electorales a pesar de presentar planchas en las que uno de cada cinco candidatos estaba vinculado a la corrupción. Teniendo mayoría absoluta en las Cortes, era fácil repetir esa proporción entre los deliberadores. «Hay una parte importante del electorado que considera de que eso es falso, que están firmemente convencidos de que es una lucha política, o que lo disculpan», señala Piqueras.

Ahora, el proceso está en manos de la fiscalía y de la acusación particular, ejercida por el PSPV-PSOE. El viernes, Jorge Alarte, secretario general de los socialistas, se mostró «proclive» a presentar recurso. «Después del veredicto, que no compartimos, se tiene que redactar la sentencia y cuando se nos comunique, se puede plantear el recurso», señaló Alarte, que tuvo que sentarse en el banquillo por denunciar la corrupción del PP en el País Valencià. La fiscalía no se ha pronunciado.

¿Embajador en el Vaticano?

Absolución jurídica no implica legitimidad política. Este es el mensaje lanzado, entre otros, por los miembros de Esquerra Unida, que llaman la atención sobre la «desastrosa gestión» de Camps al frente de la Generalitat. El gran interrogante es si el expresident querrá regresar a la primera línea política en el País Valencià. Por el momento, este no ha dado detalles sobre sus pretensiones, aunque, como indica Piqueras, todo el mundo sospecha que esperará a que Rajoy pueda ofrecerle algún cargo secundario. Ya se especula con un posible destino: embajador español en el Vaticano. Los próximos movimientos de Camps, que se caracteriza por ser un político imprevisible, marcarán el futuro del PP en uno de sus bastiones.

Los conservadores han cargado contra la oposición, formada por PSPV, EU y Compromis. A pesar de las conversaciones escuchadas durante el juicio contra Camps, los actuales dirigentes del PP en el País Valencià han sacado pecho e incluso llegan a exigir el «perdón público» de quienes acusaron al expresident. Aunque no es oro todo lo que reluce. Alberto Fabra no termina de hacerse con las riendas de todo el entramado conservador y su gestión está lastrada por tener que imponer recortes al mismo tiempo que esconde la responsabilidad de sus antecesores en la gestión de la Generalitat. La irrupción de Camps reivindicando su protagonismo podría conducir al cisma. Y el progresivo deterioro de los servicios sociales (con imágenes como las de alumnos tapados con mantas por impagos en la calefacción), unido a la sensación de impunidad, puede fortalecer a una oposición creciente.

 

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