En una de sus últimas decisiones en el desempeño de su cargo de delegado del Gobierno español en la CAV, Mikel Cabieces resolvió el 2 de enero archivar las actuaciones incoadas por la Guardia Civil, por «provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadada», contra el abogado Borja Irizar. La denuncia pública parece haber hecho recapacitar a quienes insistían en ese «atropello», según palabras del propio afectado, que aún está pendiente de otro pronunciamiento del Ejecutivo español.

El 6 de agosto de 2011, el denunciado, junto a otros amigos, ascendió a la cumbre de Gorbeia, donde se topó con dos Patrol de la Guardia Civil. Exultante al alcanzar esa emblemática cima para vizcainos y alaveses y siguiendo una costumbre tradicional, gritó «Gora Euskal Herria askatuta!», lo que no debió gustar a los militares españoles.

Le pidieron la documentación y al sorprenderse por ello, insistieron en que se identificara. Semanas después, recibió sendas notificaciones de la Subdelegación del Gobierno español en Araba en las que se le imponían multas de 200 y 305 euros, por infracción leve y grave, respectivamente. La primera era por «desobedecer los mandatos de la autoridad» y la otra por alterar el orden público, especialmente curiosa en un lugar tan tranquilo y paradisiaco incluso para muchos vascos amantes de la montaña.

Irizar emprendió entonces la vía administrativa, presentando alegaciones a los expedientes que se le habían incoado. En los fundamentos de la última resolución, una vez analizado el atestado de la Guardia Civil, se estima que «el comportamiento del Sr. Irizar no fue el adecuado, pudiendo calificarse de incorrecto con los agentes de la Guardia Civil y merece un reproche ciudadano», aunque tiene que reconocer que gritar «Gora Euskal Herria askatuta!» en Gorbeia «no llegó a ocasionar una alteración del orden normal», «ni se aprecia una provocación de desórdenes».

El letrado no oculta su satisfacción por la resolución, aunque recuerda que presentó un recurso de alzada ante el ministro español de Interior, paso previo a que acuda al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que le retiren la sanción de 200 euros por «desobedecer los mandatos de la autoridad».

«Fue un ejercicio de paranoia»

En el escrito que no ha recibido respuesta y ante el que interpondrá previsiblemente el recurso por silencio administrativo, Irizar considera «un autén- tico ejercicio de paranoia (...) dar a entender que allá donde se juntan más de tres ciudadanos vascos, aunque sea en la punta del monte, se puede originar con sus reivindicaciones, expresiones, etc., un auténtico problema de orden público».

A la espera de respuesta, el afectado insiste en que «aquello fue un atropello, como otros muchos que suceden».