El Gobierno de Lakua escenificó el viernes que daba un paso adelante en el escándalo de los bebés robados con una doble iniciativa: por un lado, recibió a las asociaciones Anadir y SOS Bebés Robados -justo el día en que habían convocado una concentración en Gasteiz-; y por otro, informó de que el asunto será seguido por una comisión interdepartamental formada por Interior, Justicia y Sanidad. Ayer, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, insistió en Radio Euskadi en que están dispuestos a implicarse y pidió tranquilidad, pero al mismo tiempo dejó muchas dudas en su opinión sobre las vías judiciales abiertas.

Así, al preguntársele sobre los archivos de estos sumarios en otras comunidades autónomas, Mendia puso sobre la mesa la cuestión de la prescripción de delitos. Lo justificó en que cree que «una persona que cometió un delito cuando tenía 18 años» no debe ser perseguida por ello «cuando tenga ya 90». En este punto, hizo una excepción para referirse a ciertos delitos «que no prescriben, como el de terrorismo», pero no explicó cuál es su opinión concreta sobre si estas desapariciones de niños deberían tipificarse también como imprescriptibles.

Idoia Mendia esgrimió que el anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio instrucciones a los fiscales para que emprendan diligencias que reactiven los sumarios y dificulten por tanto la prescripción de los casos, pero apuntó acto seguido que esas instrucciones son válidas para los fiscales en cuanto que el Ministerio Público tiene un funcionamiento jerarquizado, «pero no para los jueces».

El debate jurídico al respecto es enconado y cambiante. En Euskal Herria, en el pasado mes de julio se conoció que un juzgado de Barakaldo había decretado prescritas dos desaparecidos de bebés producidas en los años 1965 y 1969. Tras el anuncio de protestas en la calle, la Fiscalía comunicó que recurría esa decisión judicial.

El precedente de Gandía

El archivo de diligencias por juzgados que entienden que no merece la pena investigar porque los delitos habrían prescrito está siendo constante a lo largo y ancho del Estado. Sin embargo, no hay una doctrina coherente. Así, en diciembre se conoció que la Audiencia de Valencia ha ordenado reabrir un caso declarado prescrito por un juzgado inferior de Gandía. Haciendo suya la tesis del fiscal, esta audiencia consideró que la desaparición constituye un «delito permanente», terminología jurídica aplicada en el caso de las desapariciones de personas que no prescriben mientras no se determine dónde están.

La Audiencia de Valencia expone además que el término para empezar a contar la prescripción comienza desde que la víctima hubiere alcanzado la mayoría de edad, y solo si falleciere antes de alcanzarla se contaría desde la fecha del fallecimiento. El tribunal valenciano revoca de este modo el auto del instructor de Gandía acordando el archivo, y dispone la devolución de la causa al juzgado de instrucción para que continúe con su tramitación.

Según los datos facilitados por la Administración de Justicia hace un par de semanas, solo en Gipuzkoa hay abiertos actualmente 112 sumarios por sospechas de robo de bebés. Otros nueve han sido archivados, aunque según esta fuente ha sido por falta de pruebas, no por una declaración de prescripción.